Saturday, May. 12, 2012 at 11:43 PM

El Consejo Plurinacional Indígena denunció que el proyecto de Código Civil atenta contra los derechos de los pueblos originarios, afirman que las comunidades no fueron consultadas (como establece la legislación vigente) y exigen que la propiedad comunitaria indígena sea reglamentada con una ley especial.

“La Propiedad Comunitaria (indígena) no puede quedar encorsetado en un Código Civil y debe ser reglamentado en una ley especial, como lo prometió la Presidenta en el marco de los festejos del Bicentenario”, denunció el Consejo Plurinacional Indígena respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo para modificar el Código Civil argentino. En un duro comunicado, la organización afirma que se viola los derechos de los pueblos indígenas, advierte que no se consultó a las comunidades (hecho imprescindible legislado en numerosas leyes nacionales e internacionales) y explica que los derechos constitucionales “ganados en décadas de lucha, pueden quedar reducidos a un Código Civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas”. Los dieciséis dirigentes indígenas que firman el comunicado aseguran que la vulneración de derechos presentes en el proyecto “no es un descuido” y lo entienden como una avanzada contra “el derecho indígena, el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractivista, que es un proyecto de muerte para nuestros territorios”. 

El 27 de marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, presentaron públicamente el anteproyecto de reforma del Código Civil (las normas que regulan las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, sean privadas o públicas), que data de 1865. Fue bienvenido por el dirigencia política y los diferentes actores del Poder Judicial. Todos coinciden en la necesidad de actualizarlo. 

También fue bien recibido por los medios de comunicación, que –entre otros aspectos– remarcaron que se beneficiaría a los pueblos indígenas. 

El Consejo Plurinacional Indígena, espacio de articulación de organizaciones nacido luego de la histórica marcha indígena de mayo de 2010, difundió un documento en el que puntualiza: “Actualizar un Código Civil que hoy es obsoleto y contradice la realidad que pretende regular, es sumamente necesario. Lo que es inadecuado a todas luces es reglamentar la propiedad comunitaria indígena mediante la incorporación de un título especial en el Código Civil, toda vez que la posesión y propiedad indígena no sólo son diferentes a la posesión y propiedad civil, sino muchas veces, hasta incompatibles”. 

“Queremos señalar el alerta, porque se quiere regular el tema más sentido por los pueblos indígenas en el país: el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales. Es urgente revisar esta situación”, solicitan, con la firma de –entre otros– Paz Argentina Quiroga (huarpe de San Juan), Eduardo Nievas (diaguita de Amaicha del Valle, Tucumán) y Felix Díaz (qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh, de Formosa). 

Denunciaron la falta de consulta a comunidades (vigente en la legislación actual y que obliga a dar participación siempre que se pudiera afectar a las comunidades). Detalla que “ni siquiera” se consultó al Consejo de Participación Indígena (CPI), ámbito creado en el marco del gubernamental Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y donde existen delegados cercanos al Gobierno. 

El Consejo Plurinacional objeta que el proyecto proponga legislar sobre “inmueble” y no “territorio”, concepto mucho más amplio y reconocido por convenios internacionales (169 de la OIT) a los que Argentina adhirió. “El borrador de nuevo Código no sólo baja de rango un derecho ya normado por la Constitución Nacional sino que además pretende interpretar la relación que los pueblos tenemos con nuestros territorios estableciendo una relación material y economicista de la tierra, despojándolo de toda su dimensión cosmogónica y cultural”, explica. 

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) y parte del Consejo Plurinacional, explicó que de aprobarse el nuevo Código Civil “así como fue enviado será negativo para los pueblos indígenas, un claro retroceso normativo y será una herramienta más para que jueces racistas desalojen comunidades y avancen las empresas extractivas (mineras, petroleras) y estancieros”. Nahuel aclaró que no se oponen a un nuevo Código Civil, pero llamó a escuchar a los afectados directos: las comunidades indígenas. Precisó que la propiedad comunitaria y el derecho a la participación deben (en consonancia con la normativa ya vigente) “quedar fuera del Código Civil y ser reglamentados con leyes especiales”. 

El Consejo Plurinacional también objeta que sólo se tenga en cuenta a comunidades rurales (deja de la lado la gran cantidad de población indígena urbana, en muchos casos expulsada de sus territorios comunitarios en las últimas décadas) y rechaza el artículo 148 del borrador, que establece la figura de “persona jurídica de derecho privado” a las comunidades. “Se sitúa a las comunidades al mismo nivel que las asociaciones civiles, que las fundaciones, que las sociedades comerciales, pese a que la Constitución Nacional establece su reconocimiento como consecuencia de reconocer el carácter de pueblos preexistentes al Estado Nacional. De este modo se niega la realidad jurídica previa que tienen las comunidades indígenas”, aclara y recuerda que el otorgamiento de personerías jurídicas son utilizadas por los gobiernos en la actualidad como espacios de “intervención y control” sobre la autonomía indígena. 

Hacen especial hincapié en el derecho a la consulta referido a los recursos naturales. “Es de una gravedad alarmante. Es un derecho que está costando hasta vidas humanas por la importancia estratégica para defendernos del avance de la explotación irracional sobre nuestros territorios”, subraya y denuncia que el proyecto enviado por el Ejecutivo establece, en su artículo 2038, que la explotación de recursos naturales “está sujeto a previa información y consulta a las comunidades”. A entender de los dirigentes indígenas, así redactado, el nuevo Código será “violatorio de todos los avances” sobre derecho indígena. Y explica que el Convenio 169 y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas establecen la “necesidad de obtener el libre consentimiento” de los pueblos indígenas afectados. “Este avance conseguido en la última década queda reducido en el borrador a un mero trámite administrativo de ‘información y consulta’”, denuncia el Consejo Plurinacional. 

El colectivo de organizaciones solicita que la propiedad comunitaria indígena “no quede encorsetada en un Código Civil” y exigen que sea reglamentada en una ley especial “como lo prometió la Presidenta en la reunión que mantuvo con el Consejo Plurinacional en el marco de los festejos del Bicentenario”.

odhpi.org/2012/05/reforma-del-codigo-civil-dura-critica-de-pueblos-indigenas/

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Alarma del Consejo Plurinacional La Propiedad Comunitaria Indígena en nuevo Código Civil
Por Confederación Mapuce de Neuquén - Saturday, May. 19, 2012 at 4:20 AM

Solicitamos qe nos ayuden a difundir la posición del Consejo Plurinacional ante la inclusion de nuestros derechos territoriales en el anteproyecto de nuevo Codigo Civil. Logko Elias MARIPAN - Presidente Werken José QUINTRIQUEO - Secretario Direcccion Postal: Gob Dennis 877 8300 - Neuquén - Patagonia ArgentinaLa Presidenta Cristina Kirchner presentó en marzo ante el Congreso de la Nación una propuesta para modificar el Código Civil Argentino. El título V de ese Código reglamenta cuestiones relativas a los Pueblos Indígenas y sus derechos reconocidos. 
Queremos señalar el alerta, porque se quiere regular el tema más sentido por los Pueblos Indígenas en el país: el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales. Es urgente revisar esta situación. Derechos constitucionales ganados en décadas de lucha, pueden quedar reducidos a un Código Civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas. Estas son algunas de las razones: 
• Falta de Consulta: la ley obliga al Estado a consultar a los Pueblos Indígenas a través de sus instituciones representativas, cuando se legisla sobre aspectos que puedan afectar los intereses del conjunto de pueblos y culturas. En este caso, la inclusión del titulo V en el anteproyecto de ley, no se consulto ni siquiera al Consejo de Participación Indígena (CPI), creado en el marco del mismo INAI. 
• Tierra, no territorio: el derecho de los PUEBLOS a administrar y controlar sus TERRITORIOS, es ya derecho reconocido y aplicado. El proyecto habla de inmueble, concepto relacionado de manera directa con el concepto de TIERRA. No utiliza el término constitucional de territorio que es más adecuado para describir el espacio o hábitat en que habitan y desarrollan su vida comunitaria los pueblos indígenas. El borrador de nuevo Código no solo baja de rango un derecho ya normado por la Constitución y los Convenios internacionales como el 169, sino que además pretende interpretar la relación que los Pueblos tenemos con nuestros Territorios estableciendo una relación material y economicista de la tierra, despojándolo de toda su dimensión cosmogónica y cultural. 
• Tierras rurales: el borrador relaciona y reduce la existencia cultural indígena a la ruralidad o campesinado. Se determina el derecho a la propiedad comunitaria únicamente sobre los inmuebles rurales (art. 2028). Se dejan afuera los espacios urbanos que en muchos casos son ocupados por grupos indígenas que han sido forzados a migrar a las ciudades y/o generaciones enteras que han nacido en la urbe, que en procesos de recuperación de la identidad se han constituido como Comunidades. Por último obliga a que el inmueble tenga como destino la preservación cultural y el hábitat comunitario, no como una forma de reconocer esos conceptos como integrantes de espacios indígenas, sino utilizándolos como limitante del derecho, inmiscuyéndose en la autonomía indígena. 
• Persona Jurídica de derecho privado: el artículo 148 del borrador establece la calidad de persona jurídica de derecho privado a las Comunidades Indígenas. Esto significa que se sitúa a las Comunidades Indígenas al mismo nivel que las asociaciones civiles, que las fundaciones, que las sociedades comerciales, etc, pese a que la Constitución Nacional establece su reconocimiento como consecuencia de reconocer el carácter de PUEBLOS preexistentes al Estado Nacional. De este modo se niega la realidad jurídica previa que tienen las comunidades indígenas y se tiende a desconocer el carácter declarativo de las resoluciones de inscripción, ya que al introducir a aquellas dentro de la categoría de personas de derecho privado se las equipara a las otras personas jurídicas que constituye el Estado. Nuestras normas y sistemas de justicia, nuestros criterios de convivencia o de administración de nuestra economía, educación y salud, queda reducido y controlado en una “personería jurídica de derecho privado”, cuando el marco legal superior indica que debemos avanzar hacia una Personalidad Jurídica de Derecho Publico no estatal. Esto último implica que el Estado y sus organismos de control no pueden intervenir nuestra vida interna y procesos organizativos, que es la práctica común hasta hoy. Las direcciones de personerías jurídicas son hoy verdaderos órganos de intervención y de control sobre nuestras vidas autónomas. 
• Pueblos, no Comunidades: la propuesta de nuevo Código Civil reconoce a la COMUNIDAD. No se refiere a los PUEBLOS INDIGENAS como lo señala la Constitución Nacional que:”…reconoce la PREEXISTENCIA de los Pueblos Indígenas…” a la conformación del mismo estado argentino, como también lo reconoce el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas. La comunidad es la célula sobe la cual se organizan los pueblos indígenas; los pueblos indígenas están integrados por comunidades. Pero no se debe confundir el comunitarismo indígena que promueve el estado, para mantener control y dominio, con la defensa de la comunidad que hacemos los pueblos indígenas. La garantía mínima para que la vida comunitaria pueda desarrollarse y ser viable en medio de un ambiente hostil y de permanente invasión cultural, es consolidar formas de organización y nuestra institucionalidad política como Pueblos. De esa forma la comunidad se constituye en el nivel básico, la célula vital, la piedra fundamental de nuestro desarrollo como Pueblos Preexistentes. 
• Derecho a la Consulta/Recursos Naturales: La incorporación del derecho a la Consulta en el borrador es de una gravedad alarmante. Es un derecho que está costando hasta vidas humanas (en el país y en otras regiones del continente), por la importancia estratégica para defendernos del avance de la explotación irracional sobre nuestros territorios. Que hayan incluido el derecho a la Consulta, en este borrador de nuevo código, en un artículo, el 2038, que dice: la explotación de nuestros recursos naturales: “…está sujeto a previa información y consulta a las comunidades…” es violatoria de todos los avances sobre el tema. El derecho ya reconocido (art. 6 y 15 del Convenio 169 y art. 18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas) es la necesidad de obtener el Libre Consentimiento Fundamentado Previo de los Pueblos afectados ante medidas u actos que puedan afectar sus intereses. Este avance conseguido en la última década, queda reducido en el borrador a un mero trámite administrativo de “información y consulta”. 
En este caso lo grave de la situación es que van a encorsetar al derecho indígena que es un derecho CONSTITUCIONAL, dentro del Título de un Código Civil. Creemos que no es un descuido, porque el derecho indígena va tomando tal dimensión, al punto de ser el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractivista, que como decimos siempre, es un proyecto de muerte para nuestros territorios. 


Actualizar un Código Civil que hoy es obsoleto y contradice la realidad que pretende regular, es sumamente necesario. Lo que es inadecuado a todas luces, es reglamentar la propiedad comunitaria indígena mediante la incorporación de un titulo especial en el Código Civil, toda vez que la posesión y propiedad indígena no solo son diferentes a la posesión y propiedad civil, sino muchas veces, hasta incompatibles. La Propiedad Comunitaria no puede quedar encorsetado en un Código Civil y debe ser reglamentado en una Ley Especial, como lo prometió la Presidenta en la reunión que mantuvo con el Consejo Plurinacional Indígena, en el marco de los festejos del Bicentenario, luego de la histórica Marcha a Plaza de mayo que reunió a casi 30.000 hermanos de todo el país. 

Jallalla – Marici Weu – Yasurupai – Takiñiwe – Muranta!!! 

-Elias Maripan REGION SUR 
-Paz Argentina Quiroga REGION CUYO 
-David Sarapura REGION NORTE 
- Nilo Cayuqueo REGION Pcia de BsAs 
-Nestor Juan Angel REGION CHACO 

- Jorge Nahuel Confederación Mapuche (Neuquén) 
- Luis Alberto Angel UNIS Unidad Norte Indígena en Salta (Salta) 
- Horacio Osores Organización Warpe Waro (Mendoza) 
- Jorge Mamani CPI Kolla de la Puna de Jujuy (Jujuy) 
- Alejandra Castro CPI Kolla de la Puna de Jujuy 
- Lorenzo Canaviri Organización Kolla Qollamarka (Salta) 
- Eduardo Nievas Comunidad Indigena Amaicha del Valle (Tucuman) 
- Catri Duarte Mburuvicha de Tekoa Ka`aguy Miri rupa (Misiones) 
- Ignacio Prafil Lofce Fvta Anekon (Rio Negro) 
- Juan Ramos Consejo de la Nación Guarani (Misiones) 
- Felix Diaz – Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (Formosa)

Thursday, Apr. 19, 2012 at 9:23 AM

La organización movilización y proyección cultural que pusimos en evidencia en la década nefasta del noventa como ejercicio de una resistencia activa desde nuestros territorios y en las calles junto al movimiento social y sindical de Neuquén hoy ven su fruto, el Estado retomando responsabilidad institucional frente a la industria petrolera. La expropiación de YPF es el primer gran paso para recuperar la esperanza de iniciar una nueva etapa, participativa, capaz de superar los resabios del neoliberalismo. ¡Saludamos esta decisión!

Sin embargo no podemos ignorar que uno de los obstáculos más pesados y costosos para el recurso público, que genera esta medida, es el pasivo cultural, económico, social y ambiental que deja la política de Repsol, siendo los territorios comunitarios, su gente y el conocimiento tradicional mapuce los principales perjudicados, con juicios millonarios desde diversos sectores y que es el Estado quien responde a partir de ahora, luego que las utilidades fueron transferidas a España por Repsol, sin asumir ninguna responsabilidad ante semejante desastre. 

La ausencia de un Plan Federal sustentable a largo plazo para la industria extractiva, socialmente responsable y respetuoso de los Derechos de los Pueblos Originarios es la deuda pendiente que tiene el Estado con quienes habitamos estos territorios. Ofrecemos nuestro conocimiento tradicional para un buen vivir Kvme Felen, capaz de crear un modelo de desarrollo amigable con la gente y la naturaleza. 

El Estado Provincial y el Federal no consideraron, en estas últimas décadas, estos derechos y no surge desde ninguno de los enunciados del proyecto de ley esta preocupación central en nuestras vidas. 

Observamos con preocupación y alerta que ante la necesidad de generar el autoabastecimiento se plantee como camino la explotación del petróleo y gas no convencional, a través de la hidrofractura. Siendo esta una forma de extracción que ha dejado grandes desastres ambientales, en otros países, agotando y contaminando reservas de agua, además de la tierra y el aire. Motivo por el cual ha sido suspendida y hasta prohibida su explotación. 

Que recuperar el autoabastecimiento, ampliar el horizonte de reservas y producción y definir nuevas metas en materias de inversión…”no puede ser nunca más a costa de nuestras vidas, culturas y derechos”. 

Pewmagen newentun amuleay tvfaci zugu, femgeci zoy kvme amuleay ñi mogen kom pu ce tvfaci Mapu mew. Deseamos que esta definición (presidencial) avance con fuerza para un mejor bienestar de todos los habitantes. 

Elías Maripan - Logko 

José Quintriqueo - Werken 

Contactos: 

(0298) 154-625 544 

(0299) 154-169 309

9.05.2012 |

Con tono monocorde y reflexivo, el más emblemático periodista de investigación y presidente del CELS cuenta cómo nació su interés por la Iglesia y cómo lo transformó en libros.

Horacio Verbitsky me recibió en su oficina de la calle Lavalle, en las proximidades del Palacio de Justicia, y charlamos a lo largo de dos horas. El más importante periodista de investigación no eludió ninguna de las preguntas. Con tono reflexivo, casi monocorde, desgranó con conocimiento riguroso algunos resultados de 15 años de trabajo sobre la Iglesia Católica argentina. Por cierto, la investigación sigue en curso, y así como el domingo 6 de mayo republicó, en Página/12, un documento exclusivo sobre la confesión de Videla (silenciado por toda la prensa “independiente”), otras novedades no menos explosivas (¿otros campos de concentración en terreno de la Iglesia?) serán oportunamente comunicadas.
Verbitsky es además presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que fundara Emilio Mignone, y desde tan comprometida atalaya libra su diario combate por la vigencia de los Derechos Humanos. Con una salvedad significativa, ni Verbitsky ni yo creemos que se trata de un problema del pasado, sino del impacto de ese pasado en nuestro presente, por una parte, y la necesidad de salvaguardar para la sociedad argentina el derecho a tener derechos.

–¿De dónde viene tu interés por la Iglesia Católica?
–De la confesión del capitán Scilingo; cuando el marino me dice que el método elaborado para el asesinato de prisioneros políticos había sido aprobado por la jerarquía eclesiástica. Arrojarlos vivos al río fue considerado una forma “cristiana” de muerte. El comandante de Operaciones Navales, contralmirante Luis Mendía, reunió en su momento a los oficiales y les dijo que se había decidido el método, y que la modalidad había sido aprobada por la Iglesia Católica. Los oficiales que participaban y tenían escrúpulos eran persuadidos por los capellanes navales; justificaban los asesinatos con parábolas bíblicas, se trataba, decían, de la separación de la cizaña del grano. Eso me motivó, me hizo pensar, antes que nada, en la importancia del tema. Yo había escrito sobre el rol de los capellanes en la justificación política de la dictadura, y había publicado una nota en Página/30 sobre el funcionamiento de un campo de concentración en una propiedad eclesiástica, en el Tigre.
–¿Entonces arranca en 1995 con Scilingo?
–Sí. Impactado por los dichos de Scilingo se me ocurrió hacer un libro sobre el campo de concentración en terreno de la Iglesia Católica. Era el único caso en que había funcionado un campo en esas condiciones; descubrimos, investigación mediante, que no era el único. Hubo otros también en la Argentina. Por ahora me reservo esa información, oportunamente la voy a dar a conocer. Retomé el tema, y en 1995 publiqué El vuelo (texto donde Scilingo confiesa mortificado por la culpa y rompe por primera vez la cadena de silencio); hasta que publiqué el libro sobre el campo (se llamaba El Silencio), pasaron diez años; por ese entonces aparece la viuda del periodista Julián Delgado, y cuenta su entrevista con Pío Laghi (representante diplomático del Vaticano ante el gobierno argentino); Laghi le dice que hay un grupo de detenidos con vida. El almirante Lambruschini no quería matarlos, eran hombres y mujeres con habilidades especiales, pero temía dejarlos con vida y que contaran todo; entonces consultó con el embajador vaticano si matarlos o no. Vale la pena subrayar el poder del monseñor. Laghi le dijo a la viuda de Delgado que podía averiguar si el periodista se encontraba en ese grupo. Hace la diligencia y le dice que no. Podía averiguar con detalle, eso demuestra lo aceitada que era la relación. Primero la viuda le estuvo agradecida. Después pensó: los desaparecidos son de todos. Recién ahí comprende el papel de Laghi. El conflicto entre el cardenal Bergoglio y los sacerdotes Yorio y Jalics (que acusan a Bergoglio de poner en peligro sus vidas al no avisarles que los buscaba la Marina) también aportó lo suyo. Bergoglio me dio la información documental sobre el título de propiedad de El Silencio. Me hizo saber en qué juzgado se tramitaba la sucesión, así accedí al título. Esa información me la dio de su puño y letra; mas tarde lo negó, pero exhibí el documento y debate concluido. En el medio me di cuenta que no podía escribir un libro conociendo solamente el episodio del campo. La propiedad era el lugar de recreo del arzobispo de Buenos Aires. El cardenal Aramburu iba todos los fines de semana a comer un asado y dormir la siesta. Todos los fines de año se celebraba la fiesta de fin de curso, el egreso de los nuevos sacerdotes, los seminaristas que accedían al sacerdocio.
–Te pusiste a estudiar el tema.
–Me puse a estudiar sobre la Iglesia. Cómo puede ser que una institución que declara que su finalidad es la salvación del alma, pueda estar asociada a los crímenes más atroces. Cuando comencé no sabía siquiera quién era el Papa anterior a mi nacimiento. Conocía de Pío XII en adelante. Me atosigué de encíclicas, de historia de la Iglesia. Estuve años sumergido en un mundo completamente desconocido. Entre el ’95 y el 2005 pasó una cosa que tuvo una influencia decisiva: el Tercer Milenio, y el Vaticano decide el jubileo del Tercer Milenio, es decir, el pedido de perdón por los pecados de la Iglesia Católica; lo hace el Vaticano a escala universal y lo tienen que hacer los distintos episcopados nacionales. El francés lo hace con mayor sinceridad, pide perdón y se arrepiente por su colaboración con la deportación de judíos franceses. En la Argentina también el Episcopado se ve obligado por el Papa. En 2000 hacen una ceremonia en Córdoba, montan un gran palco en el Parque Sarmiento, muy bien iluminado, 100 obispos vestidos de blanco, a la noche, una ceremonia sumamente teatral, absolutamente hueca. Mencionan los pecados contra los Derechos Humanos. Era muy hipócrita, invitaron al general Brinzoni, jefe del Ejército, y no invitaron a nadie de los organismos de los Derechos Humanos. Yo acababa de asumir la presidencia del Cels, Angélica Sosa de Mignone, viuda de Emilio, me dijo que el nuevo presidente del Episcopado era Estanislao Karlic, y que era otra clase de persona. Había sido auxiliar del cardenal Primatesta en Córdoba, y sucedió a monseñor Tortolo en Paraná, le escribimos una carta y Chela se la entregó personalmente. Le planteamos que tras el pedido de perdón podían abrir los archivos, y facilitar la investigación. Contesta que el Episcopado no tiene archivo; supe desde el primer día que me estaba mintiendo. Si algo caracteriza a la Iglesia es el manejo de la información, es decir, de sus archivos. Está entre sus mejores tradiciones.
–Y las peores también (risas).
–Buena parte de la cultura occidental debe mucho a esa pasión por los archivos. Karlic me manda un folletito (Iglesia y derechos humanos, editado en 1982 y reeditado en el ’84), donde la Iglesia intenta lavarse la cara: un blanqueo de sepulcros. Mostrarle a la sociedad cuántas cosas dijeron en defensa de los Derechos Humanos. Me pareció una burla. Pero la curiosidad me ganó y lo miré. Una cosa me llamó la atención, no había documentos completos, sólo párrafos sueltos. Fui a los archivos de los diarios, y para mi sorpresa descubrí que habían mutilado los documentos, para embellecer y tergiversar. No es que los párrafos no existieran, pero estaban en un contexto que omitían. En mayo del ’76, un documento del Episcopado dice: “no puede pretenderse que las fuerzas de seguridad actúen con pureza química”. En ese texto declaran el apoyo al proceso que defiende los valores occidentales y cristianos. Y después en el párrafo 40 reza: “no obstante… deben respetarse los Derechos Humanos”. La tapa de los diarios, donde el respaldo es lo que cuenta, no está en el folleto, sólo el fragmentito. Eso me estimuló. Conseguí gente de la Iglesia que no estaba de acuerdo con esa mentira, que creía que era legítimo dar a conocer esa información, decir la verdad. En los años de trabajo con esos archivos descubrí que la metáfora del silencio era débil. Que hubo complicidad.
–¿Cómo se materializó esa complicidad?
–De varias maneras. Entregan la quinta del Arzobispado en el Tigre para que hagan un campo de concentración. Esas personas que el almirante Lambruschini no sabía si matar o dejar con vida, con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, debían ser reubicadas; camuflan las instalaciones, donde había una escalera ponen una pared, donde había oficinas, baños. Modifican el lugar para que no encuentren lo que están buscando, para confundir; para eso tienen que sacar de ahí a los prisioneros, y los esconden en El Silencio; es en ese lugar donde aguardan su suerte. El secretario del Vicariato castrense, monseñor Emilio Grasselli, mientras tanto, le vende esa propiedad al grupo de tareas de la ESMA. Grupo con el que colabora en forma abierta. Y el grupo de tareas compra la propiedad con el documento de un detenido desaparecido, que después quedó en libertad: Marcelo Hernández. El administrador de la curia figuraba en el título como propietario, y se la lega al Arzobispado; el Arzobispado se la vende a Grasselli y dos laicos, y Grasselli finalmente al grupo de tareas.

–¿Es una venta real o una “donación” encubierta?
–Es probable que el grupo de tareas haya pagado, esa información no la tengo. Con toda esa historia publico El Silencio en 2005. Hay otra fuente que manejo; los cables desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano. A partir de un pedido que le hicimos a Madeleine Albright, el gobierno de Bill Clinton dijo que sí. Una suerte de venganza contra los republicanos por la acusación, el affaire de Mónica Lewinsky en la oficina oval, contra Clinton. En uno de los despachos desclasificados, el embajador de Washington en Buenos Aires muestra un gran conocimiento del “programa de recuperación” de prisioneros. El embajador dice a su gobierno que la fuente de su información procede de la Embajada de Francia y del nuncio apostólico del Vaticano. En 2006 publiqué Doble juego, es decir, la duplicidad de la Iglesia. De 2007 en adelante publiqué los cuatro tomos sobre la Iglesia Católica en la Argentina. Ese trabajo cubre el lapso de un siglo. El primer tomo, Cristo Vence, va desde 1884, cuando Roca expulsa al delegado apostólico, por oposición militante a la Ley 1420 (de educación laica), hasta el derrocamiento de Perón en el ’55. Derrocamiento que fue obra de la Iglesia. Fue el cerebro y el tejido conectivo de ese golpe. Suministra la justificación ideológica, organiza el terrorismo; los comandos civiles los impulsa la Iglesia, las armas se almacenan en colegios religiosos; el hombre que articula ese operativo es un marista, el hermano Septimio (primo hermano de Rodolfo Walsh). El segundo tomo, La violencia evangélica, va desde el ’55 hasta el Cordobazo (mayo del ’69). Está todo el proceso de cambio interno, influencia de los curas obreros, la experiencia de los curas franceses en Argentina, y sobre todo la autocrítica del golpe de Estado contra Perón (Mugica, De Nevares, Angelelli). Se trata de un proceso muy rico de participación en las luchas populares. La historia de la Juventud Obrera Católica (JOC), precursora de los sacerdotes del Tercer Mundo, comienza con los equipos interdiocesanos. El surgimiento en la Argentina de la Teología de la Liberación (documento de San Miguel), donde los obispos denuncian la opresión y enumeran: política, económica, social, por tanto el proceso de liberación tendrá que darse en todos los planos. En ese proceso los obispos participarán con la “violencia evangélica del amor”. Frase polisémica dicha para que el teólogo entienda una cosa y el lego otra. Una típica fórmula eclesiástica.
–¿De que se ocupa el tercer tomo de tu trabajo?
–El tercer tomo, Vigilia de armas, va desde el ’69 hasta el 23 de marzo del ’76. El documento de San Miguel es un mes anterior al Cordobazo, sin embargo cuando se produce no participan desde la “violencia evangélica”, sino que se alinean con el ultraconservador gobierno de Onganía. Ese tomo corresponde a las luchas populares que confluyen con el regreso de Perón a la Argentina en noviembre del ’72. Proceso donde el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo juega un rol muy importante en contraposición al Episcopado, que se alinea con la dictadura del general Lanusse.
–Se trata de una cúpula aislada, la mayoría de los sacerdotes no le responde.
–La cúpula lo vive muy mal, enfrenta a los sacerdotes tercermundistas, mientras el Vaticano apoya el regreso de Perón a través de la logia P2. Esto tiene una dimensión política y otra económica. La política, el Vaticano entiende que Perón es el único que puede poner límite al proceso revolucionario. Y la económica, un proyecto de desarrollo impulsado con capitales europeos, principalmente italianos, que se expresa en tres documentos fundamentales. Un libro de Giancarlo Elia Valori (camarero de capa y espada del Papa), Iglesia y FF.AA., un documento que firma Perón con Rogelio Frigerio, “La única verdad es la realidad”, y por último, la plataforma del Frente Justicialista de Liberación. Los tres plantean lo mismo, un programa de desarrollo sin presencia norteamericana, y con rol protagónico para el capital italiano. Esto es, las grandes empresas en las que tiene invertido su dinero del Vaticano. Después de todo, la P2 es parte de la estructura vaticana. Perón le cuenta a Pavón Pereyra, su biógrafo oficial, que la restitución del cadáver de Evita había sido planteada por Licio Gelli, otro conspicuo integrante de la P2. El chárter que trae a Perón a la Argentina lo paga la Fiat. A bordo de ese avión vienen Gelli y Valori, quien actúa como vocero oficial. Además vienen dos sacerdotes M terceristas, Mugica y Bernaza. Cuando Perón está instalado en Gaspar Campos, recibe a 60 sacerdotes del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Sacerdotes comprometidos con la lucha que implicó su regreso, y que participan activamente en el proceso de liberación. A esos sacerdotes, Perón les tira un balde de agua fría. Idéntico al que le tira a la JP. Ahora no quiere a los sacerdotes en la movilización, sino orando en los templos. Ahí se produce el fenómeno inesperado: Perón pasa a entenderse muy bien con el Episcopado, y a rechazar las prácticas revolucionarias del tercermundismo. El Episcopado entiende, con la ayuda del Vaticano, el rol de Perón. Y el 1 de julio del ’74, coincidiendo con la muerte de Perón, llega Pío Laghi a la Argentina. El Episcopado participa en el clima golpista del ’75. Y toman una preeminencia muy grande el vicario y el provicario castrense: Tortolo y Bonamín, autor de la famosa homilía donde habla del “festín de los corruptos”. Tortolo prácticamente anuncia el golpe a empresarios en la Nochebuena del ’75, participa en las gestiones para el alejamiento de Isabel. Y el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Raúl Primatesta, dice que no es profeta del castigo, pero la gravedad de la situación no permite quedarse en palabras, el remedio puede ser duro, la mano de Dios es paternal pero pesada: la frase que da título al último tomo de la historia: La mano izquierda de Dios, y cubre toda la dictadura militar.

Marcos Domich


La semana pasada mostramos nuestra preocupación por la gira de León
Panetta, jefe del Pentágono - a donde llegó de la CIA habiendo sido
Director de ella -. Visitó Colombia, Brasil y Chile. En cada país
ajustó las tuercas de la presencia militar de los EUA en América del
Sur. La prensa ha hablado muy poco de este asunto y prácticamente
nada, hasta el momento, de cómo los marines norteamericanos estarán en
el Uruguay.

Para empezar se ha conocido de la aprobación de un permiso del poder
legislativo (a iniciativa del poder ejecutivo, presidido por Héctor
Mujica) que “autoriza el ingreso: de efectivos y material de la Armada
de Estados Unidos”. La autorización permite el ingreso de las famosas
SEAL (Fuerzas Especiales”), de las que hablaremos después; autoriza
también la entrada de “Equipo de Entrenamiento Móvil” (MMT) “a fin de
instruir Personal de de la Armada Nacional (Cuerpo de Fusileros
Navales) en Contra Interferencia Ilícita de Buques (CIIB). El
entrenamiento duraría un mes de (15-05 a 15-06). Pero no se trata de
una simple labor de protección de las costas uruguayas. Hay que ver
quiénes son los SEAL y cuáles son sus objetivos. Se trata de un
antiguo cuerpo de fuerzas entrenadas para “misiones altamente
peligrosas” y que, como cuerpo operativo, acumula experiencia
adquirida, desde 1962, en Vietnam, Nicaragua, Irak, Irán, Granada,
Panamá, Afganistán y otros países. La última proeza de estos rambos,
capaces de las más variadas misiones imposibles, es su invasión a
Paquistán, donde asesinaron a Osama bin Laden. Recuérdese de los
reclamos y protestas que hizo el gobierno paquistaní por la violación
de su espacio aéreo y su territorio, por fuerzas no autorizadas. Las
protestas de Paquistán fueron agua de borrajas.

Aquí, en América Latina, interesa recordar la invasión a Panamá y los
desastres y guerra interna que causaron en Nicaragua, contra el
gobierno revolucionario del Frente Sandinista. Para lo de Panamá, no
es un alibi que Noriega fuera narcotraficante y agente desertor de la
CIA, simplemente se trató de una invasión a un país soberano. La
intervención a Granada también fue una intervención cruenta con uno de
los más mentirosos pretextos: que los cubanos estuvieran construyendo
un aeropuerto desde el que podían atacar a los EUA. Derrocaron
sangrientamente a un gobernante progresista, Maurice Bishop, que
buscaba el progreso turístico de la isla y una real soberanía. Todo
esto interesa recordar no como un ejercicio de memoria, sino para
explicarse qué busca el imperio con todas estás movidas que tienen
relación con la situación de giro a la izquierda que se vive en
América Latina. Estamos seguros que algo se trae entre manos y no cesa
el peligro para los países de ALBA, en particular. No importa que un
país sea mediterráneo. El récord de las SEALs es sobre todo de
intervenciones en tierra firme.

Dos palabras acerca de las tareas que le asignan: “combatir
insurgencias o amenazas de insurgencia en un Estado extranjero…la
guerra no convencional incluye todas la formas “pacíficas” o
“violentas” de contrainsurgencia”. Resulta paradójico que esto suceda
en Uruguay, cuando es dirigido por un hombre de antecedentes
revolucionarios, como es Mujica.


(*) Publicado resumido en OPINION de Cochabamba (19-05-2012)

Como introducción a este resumen informativo queremos dejar establecido que este es el punto al que hemos llegado en la investigación iniciada hace dos años con la mira puesta en la necesidad de disponer de datos fehacientes en los que sustentar la Campaña contra las bases militares extranjeras en la región cuyo lanzamiento tuvo lugar en enero de 2010.

Todos los datos consignados se apoyan en fuentes concretas de distinto tipo. En algunos casos hemos recibido información de organizaciones y/o investigadores de varios países. Anotamos también informaciones incompletas, pero en el recuento final sobre el número de bases sólo contabilizamos aquellas sobre las cuales hay suficientes elementos para probar su existencia. Desde que comenzamos este seguimiento el número de enclaves militares extranjeros abiertos o encubiertos, se ha multiplicado y continúa creciendo.

Cuando hablamos de bases militares extranjeras nos referimos a las bases de varios países de la OTAN y no solamente a las de Estados Unidos.

Otra aclaración es necesaria: no todas las bases tienen un tamaño similar, algunas son muy pequeñas y otras de gran extensión; unas son bases militares de las fuerzas armadas del país sede, las cuales, por convenio o de facto, son utilizadas por las potencias de la OTAN. Pero todas forman parte de un mismo entramado bélico capitaneado por Estados Unidos. En ciertos casos no alojan en forma permanente ni un solo soldado extranjero.

La presencia militar extranjera presenta formas muy variadas. Por ejemplo, la militarización de la lucha anti droga en México o Guatemala. Por otra parte, estamos iniciando un estudio acerca de las maniobras militares conjuntas que se realizan con participación de EEUU en territorio continental o incluso en alta mar en unidades de la IV Flota (por ejemplo las maniobras gringo-gaucho).

Falta mucho por investigar. Sin embargo el resumen que anotamos aquí ofrece suficientes razones para inquietarse y actuar contra esta forma de guerra preventiva que supone un enorme peligro para un continente latinoamericano y caribeño que esperamos continúe avanzando en unidad e integración regional para asegurar la paz y la cooperación y no la confrontación entre los países.

Argentina: (2) en el archipiélago de Malvinas ocupado colonialmente por Gran Bretaña, la Fortaleza de la OTAN en Mount Pleasant, Isla Soledad, cuya pista mayor tiene una longitud de 2.600 metros. La actual dinamización de la militarización en el Atlántico Sur posiciona a la Fortaleza Malvinas como la fuerza más importante de la OTAN en esa región.

Existe además un terreno autorizado para el uso de Estados Unidos por el ex gobernador de Tierra del Fuego, en la localidad de Tolhuin. Y en febrero de 2012 se hace pública en Resistencia, Prov. del Chaco, la instalación de un Centro Anti catástrofes y Ayuda Humanitaria, financiado por el Comando Sur del Pentágono a inaugurarse en el Aeropuerto Internacional de Resistencia. El Centro dispone de un radar y equipos de comunicación que habilitan a esta construcción como un centro de control y espionaje al servicio de los proyectos imperiales. Su instalación responde a un programa impulsado por la Junta Interamericana de Defensa (JID) que incluye en sus planes la coordinación e implementación de centros similares en otros países del continente y ha sido objetado por el gobierno nacional argentino que cuestiona el papel de la JID en estos temas.

Aruba: (1) base aérea Reina Beatriz, de EEUU.

Belice: (1) un espacio para entrenamiento de efectivos de Gran Bretaña (OTAN)

Bolivia: No hay bases militares extranjeras. La constitución Política del Estado aprobada durante el gobierno de Evo Morales lo prohíbe expresamente.

Colombia: (8) Con fecha 30 de octubre de 2010, el gobierno de Colombia suscribe con los Estados Unidos un convenio de cooperación militar en el cual se señalan las siguientes bases militares colombianas para que sean usadas por los EEUU: la base Aérea de Apiay, en el Departamento del Meta; la base Aérea de Malambo, ubicada en el área metropolitana de Barranquilla; la base Aérea de Palanquero, situada en Puerto Salgar, en el departamento (provincia) de Cundinamarca, que cuenta con una pista de aterrizaje de 3500 metros; la base Aérea de Tolemaida, en Melgar, Tolima, es el fuerte militar mas grande de Latinoamérica y tiene una importante fuerza de despliegue rápido; la base Naval de Bahía Málaga , en el Pacifico colombiano, cerca de Buenaventura; la base Naval de Cartagena, en la costa del mar Caribe.

A ellas se suman las que ya venían siendo utilizadas por soldados de Estados Unidos: la Base aérea de Tres Esquinas ubicada en el Departamento de Caquetá y la base Aérea Larandia, en el mismo Departamento. Y se agrega el uso del puerto de Turbo (muy cercano a la frontera con Panamá) para aprovisionamiento de la IV Flota, así como muchas otras instalaciones de las fuerzas armadas colombianas.

Costa Rica: (2) Existe una base de EEUU en Liberia. Hay que tener en cuenta además la “invasión” de buques y miles de soldados USA autorizada por el gobierno y el Parlamento nacional en 2010. Es necesario investigar qué ha quedado como remanente de esa movida.

En el último tiempo aparecen menciones sobre otra base cercana a la costa del Pacífico costarricense. Concretamente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados denuncia que en Liberia, EEUU reactivará y financiará un radar. La nota está fechada el 9 de octubre de 2009. La ANEP menciona además que en una entrevista al diario La Nación, el subcomandante del Comando Sur del Ejército norteamericano Paul Trivelli informó sobre la inversión de 15 millones de dólares en una base naval que se estaría construyendo en la localidad de Caldera, provincia de Puntarenas, y que allí funcionará, además, una escuela para el adiestramiento de oficiales de guardacostas. Una información proveniente de EEUU confirma que el Comando Sur, en agosto de 2009, aportó 1.5 millones de dólares para iniciar la construcción de un muelle e instalaciones como parte del cumplimiento de ese contrato.

Cuba: (1) Base usurpada por EEUU en Guantánamo

Curazao: (1) Base de EEUU Hato Rey

Chile: (1) Con autorización del gobierno de Sebastián Piñera se ha instalado en el Fuerte Aguayo, en Concón, cerca de Valparaíso, una base militar de los EE UU. El emplazamiento “imita una zona urbana, con 8 modelos de edificios, fue construido con un aporte de casi 500 mil dólares proporcionados por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos bajo la denominación de que sirve para “ejecutar operaciones de mantención de la paz o de estabilidad civil”, según indica la misma Embajada norteamericana. El acuerdo insiste en la lógica de que las Fuerzas Armadas deben intervenir en conflictos sociales o “estabilidad civil” lo que renueva la práctica de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Ecuador: con la retirada de EEUU de la Base de Manta, no existirían bases militares extranjeras en el país.

Sin embargo circula una información que no hemos podido confirmar respecto a que el Comando Sur tiene previsto financiar con una suma 600.000 dólares “instalaciones para cuarteles contra el narco terrorismo” que se construirían en Lita, Carchi, en la segunda mitad del año 2011.

El Salvador: (1) Una base en Comalapa, muy próxima al Aeropuerto internacional de San Salvador.

Guadalupe: (2) Registramos por lo menos dos bases militares de Francia (OTAN) en este pequeño archipiélago de las Antillas, en el mar Caribe que forma un departamento de ultramar de Francia y una región ultra periférica de la Unión Europea.[ ] En Guadalupe, a 600 km al norte de las costas de América del Sur y al sureste de la República Dominicana, se encuentra el 41º Batallón francés de la Infantería de Marina, además de aviones, helicópteros y efectivos de la Fuerza Aérea.

Guatemala: no hay información sobre bases militares extranjeras pero sabemos que se ha extendido a este país la militarización del combate anti drogas (Iniciativa Mérida) que se viene aplicando en México, con una presencia constante de tropas USA.

Guayana Francesa: (3) En este territorio (remanente colonial francés en América del Sur) se concentran tropas principalmente en Cayena, San Juan de Maroni y otros lugares. Pero la más importante es la Base Aeroespacial francesa en Kourou, ahora gestionada por la Agencia Espacial Europea. Sus instalaciones son de las más avanzadas del mundo en la función que desempeña. Está preparada para el lanzamiento de satélites con objetivos diversos. El radar ubicado en Troubiran y la Base Aeroespacial permiten la observación y el control de todos los países de la región. Con la llegada del satélite militar Galileo, Francia cuenta en Guayana con 40.000 barbouzes (agentes no oficiales), jubilados en actividad bajo el comando del Estado Mayor de las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia destacados en Guayana, en capacidad de intervenir contra independentistas guayaneses, y también contra otros pueblos en lucha contra el imperialismo en el continente.

Haití: (1) Además de la presencia, desde 2004, de la MINUSTAH, se registra una presencia de tropas de EEUU cuyo número no se ha podido determinar, así como el atraque de naves de la IV Flota. Desde la invasión de más de 20.000 efectivos USA con motivo del terremoto de enero de 2010, organizaciones de Haití vienen denunciando que han quedado remanentes de esas tropas y que todo su territorio puede considerarse una gran base militar extranjera.

Honduras: (3) Base Aérea estadounidense Soto Cano, en Palmerola, con una pista de 2.600 metros; otra más nueva en Puerto Lempira, sobre la laguna Caratasca, en el Departamento Gracias a Dios, territorio de la Mosquitia, próxima a la costa del Mar Caribe; y una más en construcción, en Guanaja, Departamento Islas de la Bahía, en el Caribe hondureño.

Martinica: (2) El caso de Martinica es similar al de Guadalupe, con por lo menos dos bases francesas (OTAN). En el lugar, el Ejército francés cuenta con más de 1.000 efectivos permanentes, incluyendo el 33º Regimiento de Infantería con sede en la capital Fort de France. Allí además se encuentra estacionada la Marina de Guerra con 500 efectivos y los equipos necesarios. El país es una base de apoyo de la mayor importancia para la vigilancia, la inteligencia y las intervenciones militares en la región, (junto con Guadalupe, Martinica ha servido como escala durante la Guerra de las Malvinas y la invasión de Granada; además, Francia y EE.UU. organizan regularmente maniobras militares conjuntas).

México: (2) La militarización de la lucha anti drogas con la intervención directa de los Estados Unidos ha dejado en los últimos años en este país decenas de miles de muertos.

La Iniciativa Mérida, firmada el 30/06/08 entre los presidentes Bush y Calderón implica, según los acuerdos firmados , entrenamiento de las fuerzas militares mexicanas por parte de Estados Unidos, la venta del armamento necesario y la estrategia militar para el control del Estado por parte de fuerzas mexicanas , y por medio de las agencias yanquis FBI, CIA, DEA y demás que ya estaban operando en territorio mexicano, el sobrevuelo sobre todo el territorio de aviones espía no tripulados y la injerencia de tropas USA en la seguridad interna del país. Como se sabe, ninguno de estos acuerdos anula al anterior, todos son complementarios y cada vez más ponen el acento en la guerra “contra el narcotráfico y el terrorismo”.

En ese marco, el imperio avanza, se ha conocido (en mayo de 2011) la creación de dos bases militares en la frontera con Guatemala, ambas bases contarían con todas las “bondades” de la tecnología militar más seiscientos efectivos en cada una. En conferencia de prensa el Comandante de la VII región militar de México, general Salvador Cienfuegos Zepeda, declaró que tropas del ejército realizan operaciones militares en todo el territorio chiapaneco, sobre todo en Frontera Comalapa, y que estas dos nuevas bases militares estarán situadas en Chiquimosuelo y Jiquipilas, por recomendación de la DEA. Esto sumado a los catorce mil militares ya existentes en Chiapas, según sus dichos.

El 10/05/11, se inauguró la construcción de la Academia Estatal de Formación y Desarrollo Policial, en Las Encinas, San Salvador de Chachapa al oriente de la capital del Estado de Puebla. Este lugar, destinado a reserva ecológica será en adelante reserva militar. Así fue presentado por Rafael Moreno Valle y Keith W. Mines, director general de la Inteligencia Militar, quien dejó en claro y con precisión que el FBI y otras agencias USA tendrán participación directa en esta academia.

Además, una fuerza de tareas de efectivos estadounidenses “ayudará “en las zonas más conflictivas, según revelan generales y coroneles en actividad del Ejército Mexicano. Uno de los militares, de alto cargo en la Secretaría de la Defensa Nacional, asegura que México vive ya una “ocupación “llevada a cabo por los organismos de inteligencia de Estados Unidos.

Formalmente, ni la Academia de Las Encinas, ni las bases de Chiquimosuelo y Jiquipilas, aparecen como bases de EEUU. Sin embargo, en el marco descripto, no cabe duda de que es el Pentágono quien dirige las operaciones. Por eso estamos contabilizando en México por lo menos dos bases militares extranjeras.

Panamá: (12) Son doce bases aeronavales en ambas costas.

Sobre el Pacífico: 1) Isla de Chapera 2) Bahía o Puerto Piña en Darién 3) Quebrada de Piedra, en Chiriquí 4) Rambala, en provincia Bocas del Toro

5) Punta Coco, en Archipiélago de las Perlas; 6) Isla Galera; 7) Mensabé, en Los Santos; Coiba, en Veraguas.

Sobre el Caribe: 9) Sherman, en Colón 10) El Porvenir, en Kuna Yala 11) Puerto Obaldía, en Kuna Yala 12) San Vicente, en Metetí, Prov. de Darién, cercana a la frontera con Colombia

Más denuncias desde Panamá: además de las 12 bases antes enumeradas hemos recibido denuncias, sobre otras bases militares proyectadas (respecto a las cuales necesitamos más información) en: La Palma (Pacífico), provincia de Darién; Isla Grande (Caribe), provincia de Colón; Corregimiento de Yaviza, provincia de Darién; y Estación Naval Rodman (Pacífico) en la entrada del Canal de Panamá.

Paraguay: (2) Base en Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo, con instalaciones para albergar a varios miles de soldados y una pista de 3.800 metros de longitud. Otra base en Pedro Juan Caballero (Base de la DEA estadounidense) en la frontera con Brasil. En ambos casos hemos comprobado la existencia de estas bases durante la Misión Internacional a Paraguay en el año 2006.

Perú: (3) En distintas publicaciones se menciona desde hace varios años la existencia de tres bases militares de EEUU en Perú: Iquitos, Nanay y Santa Lucía. Sobre esta última ubicada sobre el Río Huallaga (Alto Huallaga) faltan precisiones e información reciente. Se sabe además que el gobierno peruano ha autorizado a EEUU el uso de instalaciones portuarias para aprovisionamiento de la IV Flota en cercanías del puerto de El Callao.

Por otra parte, en virtud de los acuerdos entre el Gobierno peruano y los Estados Unidos, a partir de 2006 ambos Estados incrementaron sus acciones de cooperación militar en el entendimiento común de que el “narcoterrorismo” constituye una “amenaza asimétrica” que justificaría la asistencia militar de Estados Unidos “sin condicionamientos”. Con ese criterio el Comando Sur contribuye al financiamiento y visita regularmente distintas bases militares peruanas, como por ejemplo:

*Base Naval de Santa Clotilde, en cercanía de Iquitos, Región de Loreto (margen izquierda del Río Nanay). Sede del Comando General de la Amazonía. Sede de la Escuela de Operaciones Ribereñas: Financiada en sus inicios por el Comando Sur (US SOUTH COM). Está a cargo desde 2003 de la Marina de Guerra de Perú. La embajada de EEUU en Lima, a través de su Grupo Consultivo y de Apoyo Militar, la apoya, realiza visitas y permanentes intercambios con el Comando Sur.

*Base Teniente Clavero, en Iquitos (Perú). Está en la misma zona de frontera con Colombia. Comprende una serie de destacamentos o estaciones fluviales integradas por elementos del Batallón de Infantería de Marina Número 1, del Ejército y la Policía.

*Base Naval El Estrecho. Ubicada en el distrito de San Antonio, en Iquitos, a orillas del río Putumayo. Se terminó de construir en julio 2010 ampliando una antigua guarnición.

La situación brevemente descripta ha llevado a algunos investigadores peruanos a afirmar que todo el territorio del Perú se ha convertido en una “plataforma militar multiuso al servicio de los EEUU”.

República Dominicana: (1) Desde hace varios años se habla del traslado de tropas USA antes estacionadas en Puerto Rico a la República Dominicana. Nunca pudimos confirmar esa noticia.

Pero recientemente (febrero 2012) recibimos y confirmamos lo siguiente: Organizaciones progresistas y de izquierda de la República Dominicana llaman a impedir la construcción de una base naval patrocinada por el Gobierno de EE.UU. en la isla de Saona, en el extremo sureste del país. El proyecto prevé la construcción de un muelle, unos cuarteles y otras instalaciones del complejo. La obra será ejecutada por el Comando Sur de EE.UU. que invertirá alrededor de 1,5 millones de dólares, según anunció el jefe de la Marina de Guerra dominicana, el vicealmirante Nicolás Cabrera Arias. La construcción de la nueva base naval forma parte de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, promovida por Washington.

EN SINTESIS, sin contar el caso de Puerto Rico que comentamos aparte, son por lo menos 47 bases militares extranjeras en funcionamiento, o en construcción vinculadas por vía aérea y marítima con la IV Flota naval re-activada desde 2008. Entre ellas merecen especial atención las cinco bases con grandes pistas de aterrizaje distribuidas estratégicamente a lo largo del continente: Soto Cano (en Palmerola, Honduras), Palanquero (en Colombia), Mariscal Estigarribia (en Paraguay), la Fortaleza Malvinas (en Argentina) y la Isla Ascensión (en el Atlántico Sur).

Notas:

Cuando hablamos de las bases de la OTAN, no olvidamos que el Pentágono es la cabeza de la OTAN.

Aunque estrictamente, desde el punto de vista geográfico, la base militar en la Isla Ascensión –en el medio del Océano Atlántico- no pertenece al continente americano, conviene tener presente esta base militar porque ha desempeñado y sigue desempeñando un papel importante en la estrategia imperial, particularmente en el Atlántico Sur y en relación a la IV Flota.

(*) Centro de Estudios y Documentación sobre Militarización

(Cedomi / Mopassol) www.mopassol.com.ar

Puerto Rico

Para referirse a la presencia militar USA en P. Rico hay que tener en cuenta que por su condición colonial (oficialmente ubicado en la categoría de “Estado libre asociado”) para el Pentágono el territorio puertorriqueño es considerado territorio de los EEUU. Y a la vez que para el movimiento independentista, que no acepta la condición colonial, las instalaciones y tropas USA desplegadas en la isla son consideradas presencia militar extranjera.

Por la significación del tema y la necesidad de disponer conocimiento actualizado al respecto, haremos aquí una apretada síntesis del documentado trabajo que, a pedido nuestro, nos hizo llegar Alejandro Torres Rivera, dirigente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH).

Con el cierre de la Estación Naval de Roosevelt Roads, y del Área de Tiro y el Área de Maniobras de la Flota del Atlántico (AFWTF por sus siglas en inglés) en Vieques, Puerto Rico, en mayo de 2003, las operaciones que desde la isla venía desempeñando el Comando Sur fueron modificadas y el Comando Sur trasladado a la Florida. Esos cambios alteraron la importancia militar estratégica hasta entonces adjudicada a Puerto Rico. Pero lo dicho no significa que este país ha dejado de ser importante en los planes de dominación geopolítica de Estados Unidos en la región.

A partir del 1º de octubre de 2002 se produjo un nuevo Plan de Comandos Unificados donde las áreas de responsabilidad entre el Comando Sur y un nuevo Comando del Norte fueron establecidas. En la distribución, Puerto Rico quedó integrado dentro del Comando del Norte, a quien se le asignó como responsabilidades –entre otras- la planificación y conducción de apoyo militar para la estabilidad, seguridad, transición, operaciones de reconstrucción, ayuda humanitaria y ayuda en situaciones de desastres; la planificación y participación de misiones que se asignen a nivel global; operaciones contra redes terroristas. Como puede notarse, bajo este nuevo Plan la función militar de Puerto Rico se alejó de la zona de operaciones tradicional de Estados Unidos hacia América Latina. El 17 de diciembre de 2008 el presidente saliente de Estados Unidos firmó un nuevo Plan Revisado de Comandos Unificados donde, además de Puerto Rico, Islas Vírgenes, Bahamas y las islas Turcos y Caicos, todas ellas localizadas en la región del Caribe, pasan a formar parte del Comando del Norte.

De acuerdo con el documento titulado Informe de Estructuras de Bases de 2007 (Base Structure Report, 2007) el aparato militar en Puerto Rico habría indicado mantener un control de 1,512,631 acres (un acre equivale a 4 mil metros cuadrados). Peros esa afirmación es falsa, ya que en ella no se toma en consideración la superficie que abarca Punta del Este en el Yunque, los terrenos utilizados por el Aerostato en Lajas y el Radar de Arecibo. Figuran como reservas naturales que no se incluyen en los informes militares. Esto sin incluir nuevas instalaciones del Department of Homeland Security en Aguadilla, Ponce y San Juan, instalaciones para espiar comunicaciones, las instalaciones de la ‘Guardia Nacional’, así como instalaciones ‘científicas’ en universidades que llevan a cabo funciones militares.

La Guardia Nacional en Puerto Rico consta de alrededor de 10 mil efectivos en tierra y aire. Se divide en Guardia Nacional y Guardia Nacional Aérea, siendo las primeras unidades terrestres y de apoyo aéreo a través de helicópteros.

Las facilidades principales de la Guardia Nacional terrestre se encuentran en la región sur de la Isla en el Campamento Santiago localizado en el municipio de Salinas, donde también se encuentra un Destacamento de la Infantería de Marina. Cuenta también con alrededor de 20 instalaciones denominadas “Armerías” en los siguientes municipios: San Juan, Ponce, Juana Díaz (Fuerte Allen), Guayama, San Germán, Aguadilla, Mayagüez, Yauco, Caguas, Humacao, Ceiba, Fajardo, Bayamón, Toa Baja, Vega Baja, Arroyo, Cayey, Gurabo, Coamo, Hato Rey, Hangar 21 y Peñuelas. En San Juan, además, cuenta con las instalaciones de helicópteros localizada en las cercanías del Aeropuerto Rivas Dominicci en Isla Grande.

La Guardia Nacional Aérea por su parte, tiene sus facilidades principales en la Base Aérea Muñiz localizada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en el municipio de Carolina. Allí opera en estos momentos un escuadrón de aviones de transporte. También cuenta con facilidades en el Aeropuerto de Roosevelt Roads a donde eventualmente se propone trasladar sus facilidades principales localizadas hoy en la Base Aérea Muñiz. Cuenta también con instalaciones en Aguadilla en lo que fuera antes, hasta la década de 1970, la Base del Comando Aéreo Estratégico de Estados Unidos “Ramey Fields”, hoy llamado Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Punta Borinquen. Allí opera el “Punta Borinquen Radar Site”. Además cuenta con las instalaciones de radares en Punta Salinas en el municipio de Cataño, en las cercanías de la Bahía de San Juan.

La Reserva del Ejército cuenta con aproximadamente 4,500 efectivos. Su instalación principal es el Fuerte Buchanan localizado en el Área Metropolitana de San Juan dentro de los municipios de Guaynabo y Bayamón. Allí también opera el Comando Regional de la Reserva, un Batallón de “Civil Affairs” dentro del cual una de sus tareas es el área de Operaciones Especiales; una unidad de la Reserva de la Marina y de la Infantería de Marina. Existen allí unidades de comando, guarnición, inteligencia, servicios médicos, logística y múltiples contratistas civiles.

La Reserva opera, además, en Puerto Nuevo-San Patricio la instalación “Capitán E. Rubio Jr.”donde tienen base unidades médicas y unidades de entrenamiento; Aguadilla en el Aeropuerto Borinquen; Ceiba (Roosevelt Roads); Salinas; Fuerte Allen (LTC H. G. Pesquera) en Juana Díaz (AMSA-Talleres Mecánica); Guaynabo (AMSA- Talleres Mecánica; MEPS- “Military Entrance Processing Station”) y otros centros en los municipios del Caguas, Guayama, Ponce y Yauco.

La Reserva cuenta, también, con unidades de la Infantería de Marina (MCRC SJ) localizada en el área metropolitana de San Juan en terrenos del Fuerte Buchanan y en Bayamón; y cuenta también con otra unidad localizada en Ceiba (Roosevelt Roads).

La Fuerza Aérea de Estados Unidos cuenta con facilidades en el municipio de Lajas (“Lajas Radar Site”) y el “Ramey Solar Observatory Research Site” localizado dentro del municipio de Isabela. De acuerdo con la Lcda. Centeno Rodríguez, desde el “San Juan Geomagnetic Observartory”, localizado en el municipio de Cayey, la Fuerza Aérea desarrolla un proyecto relacionado con el control del clima.

La Marina de Guerra de Estados Unidos cuenta con facilidades localizadas en Vieques como son el componente transmisor del Radar Relocalizable Más Allá del Horizonte (ROTHR) cuyo cuerpo receptor ubica en el Fuerte Allen localizado en el municipio de Juana Díaz. También cuenta con las instalaciones electrónicas localizadas en Monte Pirata en la porción occidental de la Isla de Vieques.

Cuenta también con facilidades localizadas en el Aeropuerto Borinquen de Aguadilla; con los radares localizados en Punta del Este en el Yunque; las instalaciones en el “Naval Radio Facility”en Sabana Seca, Toa Baja; el “Naval Radio Transmiting Facility”en el municipio de Isabela; el ‘Low Frecuency Fixed Submarine Broadcast System”en el municipio de Aguada; las facilidades localizadas en “Cabeza de Perro” en el municipio de Naguabo; las instalaciones del NAVACT en Roosevelt Roads en el municipio de Ceiba; el “Salinas Receiver Site”; y las facilidades de la Isla Piñero localizada en las cercanías de lo que fue Roosevelt Roads.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mantiene también operando en Puerto Rico el programa del Cuerpo de Entrenamiento para Oficiales de la Reserva (“Reserve Officers Training Corps”) orientado a ofrecer un grado universitario en ciencias militares. También en el Fuerte Buchanan en el Área Metropolitana de San Juan se encuentra la policía militar adscrita al Departamento de la Defensa conocida como “Department of Defense Special Police- DODEP.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (“Homeland Security Department) tiene facilidades diseminadas en Puerto Rico mayormente concentradas en los municipios de San Juan, Ceiba (Roosevelt Roads) Aguadilla (Aeropuerto Borinquen) y el Radar Aerostato en Lajas.

La Guardia Costanera opera en Puerto Rico facilidades en San Juan (La Puntilla) en Aguadilla (Aeropuerto Borinquen) y en Ceiba (Roosevelt Roads).

Recientemente en los pasados meses se ha activado nuevamente en Puerto Rico los Cuerpos de Paz (“Peace Corps”).

A todo lo anterior hay que sumarle la presencia de la Corte Federal en Puerto Rico y de las diferentes agencias federales de seguridad como son el FBI, la DEA, el Servicio Secreto, la CIA, etc.

Sin entrar al dato sobre los miles de puertorriqueños en Puerto Rico y Estados Unidos que hoy día forman parte de las fuerzas militares regulares de Estados Unidos en sus diferentes ramas. La experiencia actual en Puerto Rico es que prácticamente el 80% o más de los efectivos de la Guardia Nacional y de la Reserva, han pasado por una rotación de al menos un año en misiones de combate. Esta experiencia ha permitido a las unidades de la Guardia Nacional y de la Reserva transformarse de lo que fueron en el pasado como fuerzas auxiliares de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para asuntos esencialmente domésticos, a una fuerza militar experimentada, capaz de sustituir en su colonia, Puerto Rico, y en la región la presencia militar estadounidense. Más aún, este desarrollo y transformación le permite a Estados Unidos, ante un eventual cambio o modificación en sus relaciones políticas con el pueblo de Puerto Rico, mantener la presencia de un ejército regular permanente, con experiencia y debidamente acoplado a las fuerzas armadas estadounidenses, superior en materia de integración militar con Estados Unidos a la de cualquier otro país latinoamericano.

Que se muera Mestre, el incapaz,

el hijo del asesino del puente, allá,

en Corrientes,

el hijo del ministro del interior que firmó el acta asesina de 33,

que se muera Mestre, Ramoncito Mestre,

o que me muera yo

pero que no se muera Chávez, diosito, Chávez no,

Que se muera Rossi, Pablito, el eterno fustigador que propone

luto infinito porque ahora toca que le toquen a su corporación,

que se mueran las loras habladoras, sus conchas paralíticas,

los publicistas,

los becarios del conicet,

los presentadores de noticias de lv3

los cuatro, los cinco, los uno y los dos,

que se mueran el gallo y la res, la pava, el calor,

la cruz y la risa, el torso, el dorso y la tos

o que me muera yo

pero que no se me muera Chávez, diosito, Chávez no.

Que mueran los dueños de la cosa pública,

la pala, los que aún nos miran desde los retratos de sala,

la ancha billetera cultural de España,

que derrumbe sus trizas el techo de lo humano

y que nadie levante en la palma de su mano

el último latido del último corazón,

que el viento eterno de la Patagonia cese su ancha caravana

que la alta catarata de Misiones recoja su extensión,

que se mueran Paul McCartney, la señora apropiadora,

Marcos Aguinis, Scioli, Capitanich, Urtubey,

que mueran las ong, las buenas, las inocuas, las malas,

las vírgenes caderas que no se dieron nunca, nunca, a nadie,

que se mueran, por serviles, todos los periodistas de La Voz del Interior,

o que me muera yo

pero que no se nos muera Chávez, diosito, Chávez no.

Que se muera el que pone

la piel del guanaco sobre la tapera,

el que anda con un balde de agua en la mano,

que se muera 

la mueca triste de la versión del Cristo que nunca rió,

que se muera entera todita la hermandad, la cofradía, la congregación,

que no le quede harina para el pan,

maderos para la cruz

ni vino para el sermón,

o que me muera yo,

pero que no se le muera a esta puta tierrita mía

el Chávez propio de vuestro corazón.

Que me muera yo, qué va!, un mediocre más,

que porque amó fue amado y porque fue amado amó,

a lo sumo le va a quedar a la Andre un dulce dolor

y otro dolor en mí por no recorrer los dos

sobre la pequeña tormenta roja

las sabanas africanas,

y sobre nuestros ojos el eterno sol,

un pacífico dolor, a lo sumo, un pacífico dolor,

o que se muera Dios, de una vez  y para siempre

si es que aún no se murió,

sí, que se muera el Dios de todos, el único, el recaudador,

el que suma carne viva, en trance o moribunda,

que hunda en su herida su creencia en el hombre

y que nos diga bye!!, adiós!!,

o, como dijo Vicente Luy,

si alguien va a morir que sea por sorteo la elección,

pero que no se muera Chávez, que no se me muera Chávez,

que no se nos muera Chávez,

carajo,

el Hugo Chávez Frías nuestro de mi corazón.

A los masacrados de Napalpí y a todos los que murieron a causa de la deuda.

PRESENTA INFORME CON ANEXO – SE ADJUNTE COMO PRUEBA- SE MERITUE LLAMAMIENTO DE TESTIGOS – SE CITE A DECLARAR A DOMINGO CAVALLO Y A CARLOS MELCONIAN

Señor Juez:

Néstor Roberto Forero, por su propio derecho, en el domicilio oportunamente constituido, viene a presentar informe conforme a lo dispuesto en el acto de mi designación y en cumplimiento de la labor encomendada y hasta tanto se resuelva nuestra situación como integrantes del Grupo de Trabajo de la Deuda Externa Argentina, el firmante con el cabal convencimiento de prestar un servicio a la Nación, viene a presentar a S.S. un nuevo informe sobre la tarea puesta a estudio y consejo, con la intima pretensión de que a pesar del enorme tiempo transcurrido la presente labor permita al pueblo argentino alcanzar algún grado significativo de justicia frente a la permanente sangría ocasionada por la deuda externa argentina y que tanto daño material, moral y espiritual ha causado mediante la sucesiva violación de las leyes vigentes al momento de concretarse los hechos, que ello pueda ser reparado; entendiendo que la ausencia de justicia y reparación, es el golpe más demoledor, la acción más artera, contra el sistema democrático y la República misma.
El presente informe es continuador de nuestro inmediato anterior presentado ante estos estrados y a nuestro criterio, S.S. debe considerarlos como una pequeña unidad dentro de las actuaciones de la causa, dado que nos referiremos a las condiciones específicas, mecanismos y dispositivos normativos a través del llamado régimen de seguros de cambio iniciado en 1981 hasta su total absorción en 1987, y que han perjudicado en mucho al patrimonio de la Nación a favor de un selecto grupo de empresas, entidades financieras locales y del exterior, ante la mirada atenta de las sucesivas cúpulas económicas del país y los organismos internacionales, que en conocimiento o participando activamente, han diezmado los recursos fiscales, financieros y monetarios del país durante largos y penosos años y cuyas consecuencias aún persisten.

Veamos:
1) Condiciones Previas:
La reforma financiera realizada en 1977 bajo la dictadura cívico militar encabezado por el ex general Rafael Videla y la conducción económica del Dr. José Alfredo Martínez de Hoz, fue la primera expresión institucional de un cambio radical en el sistema económico del país, fue el puntapié inicial del reemplazo de un sistema basado en la industrialización del país mediante la sustitución de importaciones; por otro sistema basado en la renta financiera, la primarización de las exportaciones , la exclusión y represión social y el endeudamiento externo como principal fuente de financiamiento; a través de esta sustitución del sistema económico se subordinó a las fuerzas de la producción y el trabajo del país al sector financiero.

La reforma en sí introdujo sintéticamente las siguientes modificaciones:
a) instauró un sistema de reservas fraccionadas, devolviendo a las entidades financieras la posibilidad de la creación secundaria del dinero;
b) dejó al libre arbitrio de las entidades financieras la fijación de la tasa de interés, tanto activa como pasiva, y con ello, fijar los demás precios de la economía interna;
c) dejó a su particular criterio la instrumentación y destino de los fondos de la gestión crediticia;
d) como primaria consecuencia de los puntos arriba indicados se instauró al B.C.R.A. como prestamista de última instancia, a través de un sistema de garantía de los depósitos, que cubría las operaciones financieras dispuestas por el mercado, y con ello, trasladaba el riesgo empresario al cuerpo social del país, así mientras se dejaba al libre albedrío de las entidades financieras la creación, uso y destino de los fondos creados y administrados, se cargaba el riesgo implícito de cada operación al erario público, mediante el prestamista de última instancia, el B.C.R.A.;
e) se impulsó la expansión de las entidades financieras, mediante la instalación de nuevas sucursales, relacionando la solvencia y liquidez de las entidades con relación al número de sucursales, lo que se conoció con el término “sucursalismo”. Así como se cerraban industrias de los más diversos ramos, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo y capacidad productiva del país, se incrementaban las sucursales bancarias a los efectos de absorber el ahorro nacional e incrementar la capacidad de generar crédito por parte de las entidades financieras.

Fue un verdadero giro de 180 grados, un vuelco de campana, conjuntamente al proyecto de reemplazo del modelo sustituto de importaciones, por la liberalización del mercado interno, con una baja general de aranceles y retraso cambiario, el nuevo sistema instauró la valorización financiera por encima de la estructura industrial argentina. Ello explica que el retraso salarial y la precarización de las condiciones laborales producida por aquellos años, no consiguió contener el deterioro del sistema industrial autóctono, que se vio reflejado en el cierre de numerosas industrias, más de 18.000, según cálculos oficiales, y el reemplazo en el mercado interno de productos importados sustituyendo la producción nacional.

Y fundamentalmente mediante la tasa de interés interna, muy superior al costo internacional, con un tipo de cambio cuasi fijo que se deterioraba y retrasaba ante las demás variables de la economía interna, produjo un fenomenal endeudamiento, donde los actores económicos, principalmente el selecto grupo de empresas con posición dominante, arbitraban tasas de interés internas y externas, con el parámetro y garantía de la tablita cambiaria. Pero ese proceso de ingresos de capitales especulativos no fue óbice, al contrario fue causal, para que esos mismos capitales se fugaran al término de un pequeño lapso.

2) Comportamiento de la deuda externa

Se observa el correlato entre el endeudamiento externo (público y privado) y la salida de capitales mediante el mecanismo de fuga. Como la fuga de capitales no debe ser confundida con la exportación de capitales, sus motivaciones y causas no deben ser buscados en la diversificación del riesgo, sino, en cuestiones relacionadas en las imperfecciones de los mercados y las normativas legales, la escasa o nula capacidad de control de fondos por parte de las autoridades financieras (en este punto recordar que en la causa que nos precede, llamados a prestar declaración ante estos mismos estrados, las autoridades del BCRA adujeron no llevar registros contables para la evolución del endeudamiento externo y que las operaciones se anotaban en una libreta negra), y como esencialmente la fuga de capitales se realiza esencialmente mediante la evasión, la elusión y el fraude fiscal y bancario, estamos frente a un delito económico de implicancias internacionales.

Nos permitimos en este punto una pequeña digresión: las lenguas latinas reciben la expresión “fuga” del idioma griego “pheugein” y las lenguas germanas del gótico “thliuhan”, si bien ambas quieren decir lo mismo, “escapar”, las lenguas latinas tienen un sentido más vívido, más intenso, porque se aproximan a las nociones siquiátricas y hasta musical de fuga, que es un estado erradizo y vagante, que caracteriza en parte a estas culturas económicas, según algunos autores.

Así la fuga de capitales fue una condición fundamental del esquema implementado y que conllevó a la siguiente situación:

a) la economía argentina registraba un creciente endeudamiento externo a través de las facciones dominantes de la economía;

b) esas mismas facciones dominantes a través de las entidades financieras, (que facilitaban los instrumentos de fuga de capitales), vaciaban al sistema económico financiero argentino de los recursos imprescindibles para hacer frente a las obligaciones crecientes que se iban acumulando por la implementación de este sistema económico.

El siguiente cuadro nos acerca una semblanza de la situación planteada:

Evolución de la Deuda externa , reservas internacionales y fuga de capitales en el período bajo análisis (en mil millones de u$s)

Concepto
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Deuda Total
8,3
9,6
12,5
19,11
27,2
35,6
43,6

Deuda Pública
5,6
6
8,4
10
14,5
20
28,6

Deuda Privada
3,1
3,6
4,1
9,1
12,7
15,6
15

Reservas Intern.
1,8
4
6
10,5
7,7
3,9
3,2

Fuga de Capital
5,4
6,3
8,1
11,2
16
23,8
30,2

Tal como lo muestra el precedente cuadro, la deuda externa total pasaba de 7,8 mil millones de dólares (en adelante MMD), al momento del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, a fines de ese mismo año ya ascendía a los 8,3 MMD, y a fines de 1982 alcanzaba los 43,6 MMD, con un incremento del 459%.

La deuda externa pública pasaba de 5,2 MMD en 1976 a 28,6 MMD con un incremento no justificado del 450%, cuya fraudulencia e ilegitimidad ya fue sentenciada en la causa Nº 7723/98, antecesora de la presente y de la cual aún esperamos conforme a derecho y a un estricto sentido de justicia la declaración de nulidad absoluta, conforme los no menos de 477 delitos detectados, según los considerandos del mismo, declaración que juzgamos imprescindible para inventariar y analizar la naturaleza de los actos que le dieron continuidad y que deben ser juzgados ante este tribunal y en esta causa.

La deuda externa privada pasó de 3,1MMD en 1976 a 15 MMD en 1982, un incremento del 384%, teniendo en el año 1981 un pico de 15,6MMD y cuya disminución obedece a la implementación de los seguros de cambio, aquí informados.

Por el mismo período las reservas se incrementaron de 1,8 MMD a 3,2 MMD medidos entre los extremos del período, un incremento del 77%, habiendo tenido un pico en el año 1979 de 10,5MMD, fecha a partir de la cual, el BCRA comenzó a perder reservas (228% – 10,5/3,2) o si se quiere en 1982 las reservas solo alcanzaban al 30% de las existentes al año 1979. Pérdidas de reservas que pretendió justificar la instauración de los seguros de cambio a partir de 1981, cuando las reservas ya estaban por demás comprometidas.

No es menos importante mencionar que por el mismo período se incrementó la fuga de capitales, de 5,4 MMD contabilizados en 1976 a 30,2 MMD en 1982, un incremento del 459%, guarismo solo alcanzado por la deuda externa total del país, y de cuya fraudulencia ya se ha mencionado

Es decir, que según las cifras expuestas, podemos colegir que el irregular y fraudulento endeudamiento público proveyó los fondos para financiar la fuga de capitales privados. Así el diferencial de la fuga de capitales (30,2 – 5,4= 24,8 MMD), pudo ser financiado a través del endeudamiento externo (43,6 – 8,3 = 35,3 MMD). O en sentido más estricto, una porción de la fuga de capitales (24,8MMD) se explica por el endeudamiento externo privado, que será traslado al estado nacional (15 MMD), y otra porción por la pérdida de reservas desde 1979 hasta 1982 (10,5 – 3,2 = 7,3 MMD). Es decir estamos frente a la concreción de dos delitos económicos: endeudamiento fraudulento y fuga mediante evasión.

Si bien durante el período bajo análisis la fuga de capitales calculando el año 1976 como período base se incrementó de la siguiente manera:

Año 1977/1976 16%
Año 1978/1976 50%
Año 1979/1976 107%
Año 1980/1976 196%
Año 1982/1976 459%

Y calculada sobre el incremento del período/año anterior:

Año 1977/1976 16%
Año 1978/1977 29%
Año 1979/1978 38%
Año 1980/1979 43%
Año 1981/1980 49%
Año 1982/1981 27%

Nominalmente los principales incrementos de la fuga de capitales se producen en los últimos años del período analizado, por lo cual podemos inferir que el mayor incremento de la deuda privada registrada, le corresponde la mayor fuga de capitales del período, ambos comportamientos anteriores a la implementación del régimen de seguros de cambio.

En definitiva, un doble perjuicio al erario nacional, al hacerse cargo de las deudas de determinado sector social, (la facción dominante), en detrimento del total del país, y a través de la fuga de capitales que privó de recursos económicos y fiscales para hacer frente a las obligaciones así asumidas.

3) Los beneficiados por seguros de cambio

Hecho que no podría haber pasado desapercibido por los sucesivas autoridades económicas y financieras del país. Así un grupo concentrado de empresas socializó sus deudas o supuestas deudas, tal como hemos hecho referencia en nuestro anterior informe, beneficiándose por la “desaparición” en sus estados contables de sus deudas o supuestas deudas, y conformando a la vez una masa de activos externos, lejos del alcance del fisco argentino, con la cual condicionar cualquier política económica posterior a este período.
Traemos aquí, nuevamente el informe sobre el comportamiento y registración contable del B.C.R.A. durante la década de 1980/89, ya ampliamente descripta desde nuestro primer informe del 20 de abril de 2010, en la cual se menciona abundantemente la falta de registro y la aplicación sistemática de criterios reñidos con la lógica y técnica contable permitió ocultar pérdidas de más de 67 mil millones de dólares, tal como se ha informado. Pérdidas que en gran parte se deben al desmanejo de las cuentas patrimoniales y los pasivos asumidos por la entidad rectora del sistema financiero. Pérdidas del Banco Central que se contrapusieron con los beneficios y utilidades distribuidas de los deudores o supuestos deudores privados del sector externo. Pérdidas que en gran medida obedecen a los seguros de cambio iniciados en 1981 y finalizados durante el primer gobierno democrático, que ha motivado nuestro anterior informe, reiteramos complementario a este.
La concentración de los beneficios otorgados por el régimen de seguros de cambio, puede entenderse a través de la siguiente clasificación: Sobre 8.562 deudores por un importe total de 17.000 millones de dólares, las 19 primeras empresas con pasivos que oscilaban entre 1.000 y 96 millones de dólares sumaban el 37% de la deuda total del sector privado argentino, y si se agregaban 495 deudores por deudas o supuestas deudas entre 4 y 96 millones de dólares, se obtiene el 80 % del total de la deuda externa del sector privado. Principalmente 514 deudores, con deudas entre 4 y 1000 millones de dólares de deuda, se han beneficiado a costa del erario público, afectando la vida y la dignidad del pueblo argentino, produciendo un verdadero estrago social.
Con un sentido más estricto, podemos decir, que los 30 principales deudores beneficiados por los seguros de cambio representaban el 53 % de la deuda total absorbida por el régimen de seguros de cambio.

Mencionaremos sucintamente a algunas de ellas: Cogasco, Autopistas Urbanas, Celulosa Argentina, Acindar, Bco. Río, Alto Paraná, Bco. de Italia y Río de la Plata, Bco. de Galicia, Bridas, Alpargatas, Cnía. Naviera Pérez Companc, Citibank, Dálmine Siderca, Bco. Francés, Papel de Tucumán, Juan Minetti, Aluar, Celulosa Puerto Piray, Bco. Ganadero Argentino, Bco. de Crédito Argentino, Bco. Mercantil Argentino, Bco. de Londres y Río de la Plata, Bco. Comercial del Norte, Sade, Sevel, Bco. de Quilmes, Parque Interama, Cnía. de Perforaciones Río Colorado, Swift Armour, Bco. Tornquist.
Otras de significativa importancia durante las últimas décadas y que se presentaban en carácter de deudoras afines de 1983 son: I.B.M., IMPSA, Bco. General de negocios, Mercedes Benz, Ford, Cementos NOA, Loma Negra, Sideco, Chase Manhattan Bank, Bank of America, Astra, Corcemar, Bco. Roberts, Bco. Sudameris, Bco Shaw, Selva Oil, etc.
Como S.S. podrá apreciar las principales empresas que operan en el mercado interno en condiciones de liderazgo corporativo, junto a los principales bancos, eran los principales deudores beneficiados por este régimen, que operaba en forma secuencial, ora como beneficiarios de avales que serían pagados por el estado en calidad de garante, sin que mediara ante, durante o después reclamo de repetición por las sumas asumidas por parte del estado (tal como ha quedado cabalmente demostrado en la causa que nos precede y hallara sentencia en el año 2000); ora como beneficiarios de los seguros de cambio. Luego como operadores de las empresas puestas a privatización en los años 90 y luego como beneficiarios de la pesificación asimétrica a la salida de la crisis del 2001. Una continuidad de décadas aprovechando los enormes huecos de un estado fallido, pero fundamentalmente como producto de una alianza consolidada con el golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976.

4) Los instrumentos

A continuación nos referiremos a los instrumentos y acciones que dieron por resultado la estatización de la deuda externa privada.
Las siguientes son las circulares del B.C.R.A. y la fecha de cada una de ellas:

Norma Fecha
Comunicación “A” 31 05/06/1981
Comunicación “A” 33 10/06/1981
Comunicación “A” 75 30/11/1981
Comunicación “A” 129 28/05/1982
Comunicación “A” 136 05/07/1982
Comunicación “A” 137 05/07/1982
Comunicación “A” 229 24/09/1982
Comunicación “A” 251 17/10/1982
Comunicación “A” 340 05/07/1984
Comunicación “A” 532 13/09/1984
Informe Gcia. Sector Externo
480/161 04/12/1986

La estatización de la deuda externa del sector privado comenzó a partir del agotamiento de las reservas y la consecuentemente serie de devaluaciones de la moneda nacional, consecuencia del atraso cambiario acumulado por la implementación de la política económica desde la reforma financiera, tal como hemos descripto en puntos anteriores.
En principio los seguros de cambio garantizaban al deudor privado la tasa de cambio inicial a cambio de una prima de garantía siempre que el crédito externo se extendiera o renovara a no menos de 540 días.
Como la prima de garantía evolucionó muy por debajo del resto de los valores de la economía, se produjo un descomunal subsidio estatal para los deudores externos privados.

5) Breve síntesis del contenido de las Comunicaciones referidas en autos

La Comunicación “A” 31 del 05/06/1981 es el primer régimen de seguros de cambio para deudas externas, por la misma se le garantiza al deudor privado la tasa de cambio inicial cobrando una prima de garantía, con el requisito de postergar el vencimiento de la deuda a 540 días.
La Comunicación “A” 33 estableció un nuevo subsidio directo para los deudores privados a cargo de las finanzas públicas, equivalente a 23 centavos por cada dólar de deuda, basado en la diferencia de cotización de la moneda extranjera entre los días 29/05/1981 y el 02/0671981 ( $ 3.284 – $ 4.267 respectivamente). Es decir que la comunicación de marras fechada el 10/06/1981 establecía una norma retroactiva que beneficiaba a los deudores privados.
Las posteriores Comunicaciones implementaron una serie de medidas complementarias que ampliaron los beneficios a los deudores privados, disminuyendo la prima de garantía una y otra vez.
El régimen se suspendió en diciembre de 1981, pero se reinició el 28/05/1982 con la Comunicación “A” 129, con una prima del 3% sobre el tipo de cambio inicial.
Siendo Ministro de Economía José Dagnino Pastore y presidente del B.C.R.A. Domingo Felipe Cavallo, se puso en marcha un nuevo régimen de seguros de cambio (Comunicación “a” 136 y “A” 137 del BCRA). Esta nueva norma permitió la incorporación de préstamos contraídos por el sector privado anteriores al 06/07/1982, incluyendo los préstamos no acogidos por el anterior régimen, siempre que se renovara el crédito en un plazo que variaba entre uno y cinco años, garantizándole el tipo de cambio y el cálculo de la prima de garantía se establecía entre la diferencia entre la inflación interna y la internacional, es decir, se desenganchaba la prima de garantía del precio de la moneda extranjera en el mercado local, ligándola al diferencial de la tasa de inflación.
A partir de la Comunicación “A” 229 del 24/09/1982 se modificó el tipo de cambio la tasa futura establecida por la Comunicación ”A” 137. Con la Comunicación “A” 252, se modificaba el cronograma de vencimientos de las obligaciones, pero sin afectar el subsidio otorgado.
El deudor privado pagaba en pesos el principal y la prima de garantía (con lo que se concretaba el subsidio) y el B.C.R.A. le abonaba al acreedor mediante uno de dos instrumentos financieros en dólares, nos referimos a la obligación en dólares denominada “Promissory note” y “Bonod”, con una amortización a 42 meses.
Por su parte, las deudas privadas que no hubieran sido estatizadas obtuvieron una nueva operatoria. La autoridad monetaria reconocía que la diferencia entre el tipo de cambio vigente al inicio de la operatoria y el vigente al momento de la renovación debía ser entregado como subsidio al deudor, en este caso, como bono de absorción monetaria, que consistía en un depósito indisponible a nombre del deudor, que devengaba un interés del 8% anual, con 2 años de gracia y amortización en 7 cuotas semestrales, a partir del vencimiento del período de gracia.

Reiteramos, esta política financiera licuó el endeudamiento o supuesto endeudamiento externo privado de un grupo privilegiado de empresas.

6) Costos de los subsidios otorgados

Podemos señalar siguiendo la metodología y excelente literatura aportado por el Sr. Fiscal que mediante la Comunicación “A” 31 entre 1981 y 1983, los compromisos asumidos por el B.C.R.A. ascendieron a 5.664 MMD, de los cuales 1.190 MMD fueron abonados en pesos por los deudores o supuestos deudores del sector privado y 4.474 MMD aportado por el subsidio del B.C.R.A., es decir, el subsidio al sector privado y consecuentemente la pérdida absorbida por el B.C.R.A. alcanzó el 79% del monto incluído por este régimen. Medido hasta el año 1983 .
Como consecuencia de la Comunicación “A” 137, la deuda externa privada incluída dentro de este régimen, considerando capital e intereses, alcanzó los 4.749 MMD hasta 1983, y el subsidio del B.C.R.A. ascendió a 1.028 MMD, el 22% del total asegurado.
Dice el informe del Banco Mundial de fecha 22/06/1984, en referencia a esta normativa: “en julio de 1982 se lanza un nuevo régimen de seguros de cambio (“A” 137), con primas de garantía sustancialmente más altas (con referencia a la Comunicación “A” 31)”.
La acumulación de pasivos externos que superaban las reservas internacionales del B.C.R.A., produjo una reprogramación de hecho de las obligaciones en divisas externas, asumidas desde la Comunicación “A” 31 hasta la Comunicación “A” 137.
Consecuentemente y en forma paralela se procedió a la licuación de deudas en moneda local, licuación esta que ascendió al 24% del Producto Interno Bruto (PIB), con cargo al erario público.
El tercer régimen de seguros de cambio iniciados a fines de 1982 otorgó un subsidio de 4.559 MMD con un costo cuasi fiscal de 1.573 MMD, representando un 34,5% del monto asegurado.
Así los subsidios otorgados hasta 1983 ascendieron a:
Por la Comunicación “A” 33 1.1.68 MMD
Por la Comunicación “A” 31 4.474 MMD
Por la Comunicación “A” 137 1.028 MMD
Por los “swaps” 1.573 MMD
Total de Subsidios otorgados 8.243 MMD
Esta última cifra representaba el 57,8% de la deuda externa privada y casi 3 veces las reservas internacionales en poder del B.C.R.A. Guarismos que de por sí muestran la desproporción, arbitrariedad y concentración del beneficio a unos pocos con cargo a la Nación y pueblo argentino.
El subsidio superaba a valores de 1983 más de 8 puntos del PIB a favor de los sectores concentrados de la economía, en el mismo lapso y sólo para mensurar el beneficio otorgado a unos pocos en detrimento de todos los argentinos mencionaremos que el sector de los asalariados perdían 12 puntos con relación al PIB.

7) El informe del Banco Mundial

En el informe del 22/06/84 el Banco Mundial señala: “ En julio de 1981, el B.C.R.A. introdujo un seguro de cambio para postergar el vencimiento de las deudas externas del sector privado, que debían extenderse, por lo menos a 540 días. La prima inicial cobrada por el B.C.R.A. se mantuvo por debajo de las tasas de devaluación del período, de tal manera que los incentivos para el sector privado eran muy fuertes y llegaron A GENERAR DEUDA FICTICIA. Se alega que la práctica denominada autopréstamos, por ejemplo, la creación de residentes argentinos de deuda externa cubierta por un depósito en el exterior o por otro activo, suman más de 5 mil millones de dólares, que quedaron registrados como deuda externa”.

Es tan contundente el informe del Banco Mundial que hace imposible que las sucesivas autoridades del B.C.R.A. a partir de la fecha de emisión de este informe negaran o desconocieran o pretendieran desconocer la situación real que tenían ante sí, y sin embargo, dictaminaran a favor de un selecto grupo de empresas , (informe 480/161 del 04/12/1986) cuyas operaciones habían sido objetadas por la auditoría realizada por peritos de la misma entidad conforme a la Comunicación “A” 340. Informe que comentaremos más adelante.

Recordemos que la comunicación “A” 340 formó un cuerpo de inspectores para auditar las pretendidas deudas privadas, algunos de cuyos informes constan en autos y que fueron resumidas en el informe Halliburton – Bianco – Villalba, referenciado y sintetizado en nuestro anterior informe.

Al solo efecto de recordar a grandes trazos lo que señalaba dicha resolución mencionemos:
a) que disponía de un plazo para que el acreedor externo confirmara la existencia de la deuda,
b) instruía la revisión de toda la operatoria de auto préstamos,( los que no serían tomados en cuenta para el registro de la deuda externa);
c) debía verificar que las operaciones debían ser conforme a prácticas normales de mercado y por último,
d) serían nulas a los efectos de la registración de la deuda todas aquellas operaciones que como resultado de las investigaciones no estuvieran suficientemente acreditadas.

 La Resolución 340/84 y sus investigaciones globales

Regresando a la Resolución Nº 340/84 del BCRA, el universo a investigar alcanzaba a U$S 17.206 millones, el 40% de un total de deuda reconocida por U$S 43.000 millones al 31/10/83, dicho monto estaba distribuido en 8.565 pretendidos deudores, que fueron segmentados en 3 grupos.
El primer grupo conformado por los 19 principales deudores. La primera empresa con un pasivo cercano a los 1.000 millones de dólares y 18 pretendidos deudores con deudas no inferiores a los 96 millones de dólares cada uno. La deuda de este segmento ascendía a 6.417 millones de dólares, el 37% de la deuda total del sector privado.
Un segundo grupo de 495 empresas con un pasivo externo entre los 4 y los 96 millones de dólares, con un total de 7.556 millones de dólares, el 43% de la deuda externa privada.
Y un tercer segmento de 8.048 pretendidos deudores con deudas que oscilaban entre los 15.000 y los 4 millones de dólares, por un total de 3.233 millones de dólares, el 20% de la deuda externa privada.
Los 17.206 millones de dólares, a su vez, se componían en:
a) deuda comercial (importaciones);
b) deuda financiera (préstamos) y;
c) otras deudas (regalías, asistencia técnica, etc.).
De la investigación sobre el primer segmento de empresas (19) por un total de 6.417 millones sólo se investigó 3.035 millones, desconociéndose los motivos ciertos de por qué no se investigó la totalidad del mismo.
Del segundo segmento de 495 empresas sobre un total de 7.556 millones de dólares sólo se investigó 2.045 millones de dólares.
Del tercer segmento de 8.048 empresas se investigó algo más de 150 empresas por un monto cercano a los 300 millones de dólares.
De un total de 43.000 millones de dólares de deuda externa al 31/10/1983 sólo se investigó 5.080 millones de dólares, el 11,8% del total de compromisos externos.
Reiteramos que desconocemos los motivos por los cuales las autoridades del BCRA investigara sólo una muestra, cuando lo correcto, repetimos, era investigar toda la deuda externa, especialmente el presidente de la entidad, tenía cabal conocimiento de los manejos irregulares en las cuentas externas del país, ya que como perito en la causa que nos antecede había presentado un informe que expresaba cabalmente el carácter de acreedor internacional de las cuentas públicas del país al regreso de la democracia.

a) Breve comentario sobre el método utilizado y sus consecuencias

El método muestral utilizado en lugar de haber investigado la totalidad de los compromisos asumidos demuestra arbitrariedad, falta de recursos físicos y materiales aplicados al estudio de tan importante materia, falta de cumplimiento a los deberes emergentes de la función pública y un grado creciente de posible corruptela.

De los 5.080 millones de dólares investigados, los inspectores encontraron irregularidades en no menos de 1.500 millones de dólares de compromisos externos, a los que hay que agregarles más de 1.000 millones de dólares, por la falta de confirmación de los supuestos acreedores, en los plazos fijados conforme al artículo 1 de la mencionada Resolución.
Es decir que las autoridades, de haber respetado lo estipulado por las leyes argentinas y específicamente la Resolución que dio origen a estas investigaciones, el 50% de la deuda privada investigada debió darse de baja en los registros de la deuda externa llevados en aquel momento por el BCRA.
Podemos inferir que si la totalidad de la deuda privada hubiera sido investigada oportunamente (17.206 millones de dólares) y continuando con la tendencia muestral utilizada, no menos de 8.600 millones de dólares de aquella, debió darse de baja al 31/10/83.

b) Algunas anomalías detectadas sobre los seguros de cambio

El plan económico diseñado y ejecutado a partir del 24 de marzo de 1976, fomentó la desindustrialización, la desocupación, la pérdida de las conquistas sociales, la pérdida de la vocación y decisión nacional a favor de un grupo bien limitado de empresas así como un endeudamiento externo rápido, sin justificación y perverso. La llamada tablita cambiaria de Martínez de Hoz facilitó la concreción de estos fines. Retirados Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz, asumen sus funciones Roberto Viola y Lorenzo Sigaut, quienes en marzo y junio de 1981 realizan fuertes devaluaciones de la moneda de curso legal e implementan el seguro de cambio, cuya finalidad era trasladar el costo de las devaluaciones del ámbito privado al estatal. Fue presentado bajo el argumento de que dada la fuerte cantidad de vencimientos que se acumulaban en el corto plazo, permitiría a los deudores extender el pago de sus deudas en un plazo más extenso.
Los seguros de cambio son compromisos a término contraídos por el BCRA con el sector privado y cubren préstamos financieros en moneda extranjera. El BCRA le asegura al sector privado la venta de divisas para la cancelación de préstamos financieros al exterior a un tipo de cambio predeterminado, ya sea este un valor fijo o sujeto a una determinada fórmula de actualización. Para el contratante del seguro de cambio, el diferencial entre el tipo de cambio efectivo al momento del efectivo pago y el acordado en el contrato de seguro de cambio, era una ganancia extraordinaria, un subsidio otorgado a los accionistas del deudor a cargo de las espaldas del pueblos argentino.
Entre los casos detectados es de significativa importancia el seguro de cambio otorgado al grupo Pérez Companc que recibió los beneficios sin haber logrado de su acreedor la prórroga de los vencimientos, conforme lo establecía la comunicación A –137. O los numerosos casos en que se ha visto envuelto el Citibank, que por aquel entonces otorgaba a sus clientes préstamos en la sucursal de Nueva York contra un depósito en moneda extranjera en la plaza local. Aquel préstamo externo estaba sujeto a los beneficios del seguro de cambio. La maniobra perjudicaba crecientemente (en la medida en que aumentaba la cotización del dólar o se depreciaba la moneda local) las arcas del Estado. Sin embargo, hemos de encontrar al Citibank en todas las negociaciones de deuda externa argentina en las siguientes décadas y durante el proceso de privatizaciones en la década de los 90.

c) Autopréstamos para endeudar al país

La maniobra consistía en la colocación de fondos propios en plazos fijos en el exterior, recibiendo como contrapartida un préstamo de la misma entidad bancaria, sirviendo el plazo fijo como garantía a estos créditos. Los plazos fijos en el exterior no se informaban al BCRA, en muchos casos, estos plazos fijos tampoco figuraban en los libros y balances de las sociedades, tal como surge de la investigación.
La aplicación del mecanismo de seguro de cambio liberó a las empresas que utilizaron los autopréstamos de sus fondos externos y haciéndose cargo del Estado del pasivo declarado en al país.
La transferencia de riqueza a favor de los particulares y en contra del erario público contiene una nómina de empresas entre las que se destacan: Renault Argentina S.A., Sideco Americana S.A., Socma S.A., Suchard Argentina S.A., Cargill S.A., Celulosa Jujuy S.A., Ford Motor Argentina S.A.; Sudamtex S.A., Textil Sudamericana S.A. entre otras.

d) Inversiones que no se realizan pero adeudan

Es el caso detectado de “Cementos NOA” empresa constituida en el país con un aporte de capital mediante un préstamo del exterior. Los fondos no fueron ingresados al país, sino que se transfirieron a otra empresa del exterior, que fabricaría la maquinaria y equipos, aportando tecnología, para la posterior instalación de la planta en el país. Se despachó el 20% de las maquinarias, pero la empresa constituida en el país no pudo hacer frente a los gastos de importación de las mismas y el proyecto no prosperó. Como se había gestionado un aval del Estado, el Tesoro siguió pagando los servicios de la deuda, pero no como hubiera correspondido, por el 20% de las maquinarias que habían (U$S 6.169.086) por lo dispuesto por el BCRA en su comunicación A-427 punto 5, que indica que para poder considerarse una deuda externa y acceder de de esa forma al mercado único de cambios, el deudor previamente debe cumplir por lo menos con uno de los siguientes requisitos:
a) haber ingresado las divisas,
b) haber ingresado un servicio por un residente del exterior,
c) haber efectuado la importación de la mercadería; sino por la totalidad de una deuda contraída por un proyecto de particulares con beneficios impositivos otorgados y con un aval estatal, pagado por la totalidad de los contribuyentes argentinos.

La capitalización exigua:El sistema impositivo vigente facilitó (y aún facilita) que las empresas constituyan capitales sociales cuyos montos resultan exiguos para el objeto social que pretenden emprender. Esa falta de capital se compensa con préstamos financieros realizados por los accionistas en forma directa o indirecta a través de entidades vinculadas. Los préstamos así obtenidos son deducidos del impuesto a las ganancias, rebajando la base imponible, mientras que si se incluyeran como aportes societarios, dicho aporte no sería deducible del mencionado impuesto.

Es el caso investigado “Selva Oil Inc.”, empresa constituida en la Argentina como sucursal de Selva Oil Inc. (California, EE.UU.) para controlar el 25% de dos contratos petroleros firmados con YPF en el Área Centenario y Área Ramos. Para hacer frente a estas tareas, Selva Oil Inc. California obtuvo un préstamo del Citibank N.A. de Los Ángeles, que fueron declarados como deuda por la filial argentina por un monto de U$S 54.776.519. La filial declaró que los fondos ingresados fueron destinados a abonar los mencionados contratos. Es decir, que la filial declaró como deuda la contraída por su casa matriz, precisamente para realizar esta operación que creaba la filial.
A su vez, la filial contrajo seguros de cambio por U$S 45.404.000, por una deuda inexistente en el territorio de la República, dado que tanto el acreedor como el deudor eran extranjeros.
Todo lo cual, y cumpliendo lo dispuesto por la Resolución Nº 340/84 debía declararse como inexistente, ya que el punto c de la mencionada resolución señala que deben darse de baja las operaciones realizadas fuera de las prácticas de mercado generalmente aceptadas; porque nadie en su sano juicio puede entender que una empresa recién constituida sea objeto de crédito por un monto de 55 millones de dólares con un capital social de 144 australes. Sin embargo, las autoridades del BCRA, aprobaron la deuda.
Para evitar la profundización de la tarea investigativa realizada por los peritos, las nuevas autoridades el BCRA, en la cabeza de su nuevo presidente José Luis Machinea produjo la Resolución Nº 480 que vino a modificar la Resolución Nº 340. Esto dio origen a la investigación pericial del BCRA, para completar la “ejecución” de tapar el fraude. En junio de 1988 los Dres. Daniel Marx y Roberto Eilbaum firmaron la Resolución Nº 298/88 y ya nada pudieron hacer los peritos. Que consultados y prestando declaración ante los estrados judiciales expusieron en más de una oportunidad que sabían que compañeros suyos habían recibido instrucciones de “arriba” para dar por buenas deudas que no se habrían podido verificar. Si bien los testimonios de los peritos están registrados desde hace nueve años o más en la causa aún en investigación, no nos consta que hasta el momento se hayan realizado careos u otro tipo de comprobaciones a fin de esclarecer este comportamiento que involucra a reputados profesionales que usualmente hacen uso de los medios masivos de difusión para exponer sus planteos ahora que abandonaron la función pública y son exitosos economistas y consultores privados.
Hasta aquí la síntesis de aquel informe de 1989, receptado en la publicación del libro “El crimen de la Deuda Externa”

9)Las manifestaciones públicas del Dr. Domingo F. Cavallo

En su libro “Economía en tiempos de crisis”, Editorial Sudamericana, año 1989, el Dr. Domingo Cavallo emite algunos conceptos que estimamos deben ser puestos en consideración de S.S.:
a) Sobre la situación económica previa a su asunción como presidente del B.C.R.A. expresa: “la quiebra generalizada del sector productivo planteaba un estado de insolvencia en el sector financiero. El estado de insolvencia lo era implícito, no reconocida por cada una de las instituciones, pero se reflejaba en lo ficticio de los activos” (pág.26) Relaciónese esta afirmación con el informe sobre las inconsistencias técnico contable de los balances del B.C.R.A. por toda esa época, y encontraremos una conducta sostenida en el tiempo de la cual no estuvo exento el órgano contralor.
Sigue el Dr. Cavallo:” la actividad económica había seguido descendiendo en el primer semestre del año (1982), luego de haber descendido por un año y medio. El empleo en el sector industrial estaba en el orden del 60% del nivel de años anteriores, los salarios reales habían caído en el primer semestre en un 30% respecto al ya bajo nivel de 1981 y se ubicó en valores cercanos a la mitad de los niveles más normales de nuestra historia económica…”, “sin embargo, aquí, como en muchos otros aspectos han predominado criterios de prioridades muy poco razonables. En lugar de dar prioridad a la deuda comercial, se dio prioridad al pago de la deuda financiera garantizada por el Estado, que en realidad podía haber sido renovada fácilmente por las instituciones financieras del exterior” (pág. 27).
El dicente avala con sus dichos el cambio del sistema económico ocasionado a partir del 24 de marzo de 1976 y la prioridad que tenía el sector financiero a expensas del resto de la sociedad, y la existencia de otros posibles mecanismos que no agravaran la situación general del país a partir de la concusión de privilegios para el sector financiero.
b) Entre las metas que se fijó a raíz de su nombramiento explicita en las pág. 29 y sucesivas: “Quiere decir que si no se cambiaban las reglas de juego del sector financiero era muy difícil entrar a resolver los problemas del excesivo gasto del gobierno (Por la incidencia del mismo sobre el total del sistema económico implementado, agregamos) y exigir la reducción del déficit fiscal. Más aún cuando una parte importante de los gastos del gobierno, una parte casi más importante que los propios pago de sueldos, eran los intereses que el gobierno estaba pagando sobre su deuda, y que obviamente conformaban un factor de expansión del gasto público de vital importancia”…”había que reformar el sistema financiero para eliminar los defectos que habían ocasionado los problemas conocidos en los últimos años, de altas tasas reales de interés, de ficción de liquidez, de insolvencia generalizada, de cortoplacismo, de altos costos operativos, y al mismo tiempo para que ese sector que había sido tan influyente en las políticas económicas dejara de necesitar para su supervivencia de un gasto superfluo del Estado y de un alto déficit del sector público”. A no confundirnos el sector influyente de las políticas económicas eran las instituciones financieras ligadas a la facción empresarial dominante del mercado interno y para que ellos aseguraran su supervivencia se realizaría el autor la reforma financiera con cargo al resto del pueblo argentino.
Lo anterior mencionado queda explícito en su razonamiento sobre la licuación de pasivos privados: “Respecto al sistema de corto plazo, mantenía la garantía de los depósitos, pero se estableció un sistema del 100% de efectivo mínimo y de redescuento de toda la cartera de préstamos al sector privado. Se perseguía por un lado evitar el desajuste que podían provocar las transferencias de depósitos entre entidades, por otro, concentrar el préstamo al sector público a través de la asistencia directa del Banco Central que a su vez esterilizaba la parte de los depósitos privados que eran necesarios para poder satisfacer la demanda del sector público.
Al mismo tiempo, permitía dar un mecanismo de refinanciación de las deudas acumuladas por el sector privado, tanto por las empresas como por las familias, a una tasa de interés controlada.
Esto implicaba sin lugar a duda, la imposición de un impuesto sobre los tenedores de activos financieros líquidos, un impuesto en la forma de una tasa de interés controlada baja, que serviría para financiar básicamente la recuperación de las empresas productivas por vía de una reducción concomitante de sus pasivos”…(pág. 33).
En pocas palabras, los ahorristas financiarían y efectivamente financiaron la licuación de pasivos en moneda local del sector privado.
c) Veamos lo que dice con respecto a la refinanciación de la deuda externa del sector privado: “el seguro de cambio se ligó al esfuerzo de refinanciación de la deuda externa. De esta forma se transformaba en un incentivo para que el sector privado colaborara con el gobierno en el cambio de perfil de vencimientos de la deuda externa y para que a su vez el sector privado tuviera un argumento para pedirle a los bancos del exterior el apoyo necesario para esa reestructuración de vencimientos. (Sugerimos en este punto, comparar lo aquí manifestado con lo comentado sobre los auto préstamos).
Continúa el Dr. Cavallo: “Se partió del nivel del tipo de cambio anterior a la devaluación, es decir $15.750 y se indexó por precios mayoristas en la Argentina comparados con precios mayoristas en EE.UU., lo cual significaba asegurarle a los endeudados en dólares que pagarían, en la medida en que hicieran los esfuerzos de refinanciación, al tipo de cambio comercial, porque obviamente, partiendo del tipo de cambio de $15.750 indexado por precios mayoristas, que recepta la influencia de la propia devaluación, iba a ubicar el costo de la devolución de las obligaciones externas al nivel aproximado del tipo de cambio comercial” .
Cómo hemos señalado a lo largo de esta exposición, un país quebrado subsidiaba a un pequeño sector (partícipe activo de la quiebra) en miles de millones de dólares.
Se pregunta el dicente: “¿Por qué se hacía esto y no sencillamente producir respecto a la deuda en dólares de las empresas un fenómeno de licuación semejante al que se producía con la deuda en pesos? Por la sencilla razón de que lamentablemente los dólares que se deben al exterior no se pueden licuar. En realidad cualquier subsidio que se acuerde para aliviar la situación de los endeudados en dólares es una carga que se deja sobre las espaldas de los futuros gobiernos dado que implica un aumento de la deuda pública” (pág. 34). Situación agraviante y agravada si la supuesta deuda original es en realidad ficticia y el producido del fraude luego es distribuido entre los accionistas de las empresas implicadas y los demás partícipes activos y o pasivos de la maniobra.
En la página 35 dice: “los endeudados esperan que varíe el seguro de cambio y se produzca el fenómeno de licuación de las deudas”…”entre las cosas peligrosas que por presiones sectoriales pueden ocurrir en estos días (la conferencia reproducida en el libro es anterior a la Circular 229 del 24/09/1982), es una modificación de este mecanismo de seguro de cambio, que en caso de producirse traería una hipoteca muy grave para el futuro argentino, y que obviamente debería ser evitada por el gobierno”.
Su Señoría sabrá meritar la importancia de estas palabras en boca de uno de los hacedores del régimen de seguros de cambio.
Especialmente cuando en la página 95 y preguntándose porqué lo atacaban algunas figuras económicas de la época, se auto contesta diciendo: “algunos que tienen suficiente capacidad profesional como para brindar buen asesoramiento, pensaron que era más importante dedicar sus conocimientos a la estructuración de un influyente grupo de poder económico y político dentro del radicalismo que resolver los problemas del país. Para acumular ese poder promovieron, o al menos apañaron, decisiones aberrantes…tienen terror de que alguien bien informado tenga la valentía de hacer conocer toda la verdad no sòlo a la opinión pública sino también a los jueces de la Constitución”.

10) Los peritajes de la causa antecedente conocida como Olmos 1

Como ya hemos expresado en otras oportunidades, la existencia de peritajes incorporados a la causa Nº 7723/98 conocida como causa “Olmos 1” que halló sentencia el 13/07/2000 y que permitieran al Sr. Juez dictaminante formar una clara conciencia y acabado convencimiento sobre la materia que tenía en sus manos cuando en los considerandos del fallo hace expresa menciona que: “empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio”.
También señala: “ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación…”. Recordemos algunos párrafos de los eximios peritos Dres. Alberto Tandurella y Sabatino Forino, así se expresaban en sus diversos dictámenes fundamentaron sobre la incapacidad técnica de las autoridades y de los funcionarios alcanzados por la investigación y que en el marco global de dependencia en que se ha conducido la política económica aparece directamente relacionado con la deuda externa… y que las consecuencias actuales y futuras del crecimiento de la DEA son altamente perniciosas, los servicios de la deuda no pueden pagarse y las responsabilidades han dañado el prestigio internacional del país, su vida política e institucional, el orden jurídico, el sistema y la estructura económica, la paz social y la tradición histórica de la República.”
No le faltaba razón a los peritos los hechos posteriores ratificarían cada una de sus palabras, pero hay que tener en cuenta hablaban de la incapacidad técnica no solo de los funcionarios del gobierno del proceso militar sino también de las autoridades y funcionarios surgidos del gobierno constitucional, que dio continuidad a dichas negociaciones transgrediendo la Constitución Nacional y la Declaración de las Naciones Unidas del 21 de diciembre de 1965 sobre la inadmisibilidad de la intervención en cuestiones económicas de los Estados, comprendidas en la protección de su independencia y soberanía. Tal las textuales palabras del perito que fueron receptadas por el fallo en cuestión cuando S.S. dice” el país fue puesto de rodillas ante los acreedores…”.
En su dictamen 17 del 19/03/1986 se expiden sobre las “secuelas” de la deuda bajo investigación desde el cuarto trimestre de 1982 y su renegociación por las autoridades constitucionales y donde concluye que: Las autoridades y funcionarios responsables de las negociaciones analizadas han celebrado actos que presentan visos de ilegalidad e ilegitimidad, siendo obviamente irregulares, pues ha hecho asumir a la República, por un método igual al que usaron las autoridades y funcionarios del régimen de facto, además. cercenan su capacidad para adoptar decisiones inherentes a su soberanía (párrafo 15 página 14). Y agrega: la notoria descompensación en las prestaciones recíprocas establecidas en los contratos y operaciones (decretos 1579, 1585, 1798 ) similar a la que existía en los actos administrativos del gobierno de facto que se concretaron en sus decretos Nº 2408 y 2410 del 15/09/1983.
En cuanto a la incapacidad técnica de los funcionarios del gobierno constitucional , en su dictamen del 14/05/1985 en su párrafo 34, referido a la llamada cuenta de Regulación Monetaria, expresa con total claridad: “ la arbitrariedad supera toda perspectiva de reconocer en los actos examinados alguna probable discrecionalidad técnica, o en su caso, error excusable ante las circunstancias de hecho que se dieron durante el lapso en que actuó el gobierno de facto, una vinculación al sistema de la cuenta de Regulación Monetaria con las operaciones financieras que se me ha encomendado investigar. Los pases, los seguros de cambio, mesas de dinero y otras operaciones de las entidades financieras regidas por la ley 21526 y sujetas a la fiscalización del Bco. Central , integran un contexto de enrarecimiento en que se ha desenvuelto el endeudamiento externo” …y coincido con la presunción de irregularidad que se expresa en el dictamen de Fiscalía del 24/05/1984, y que los perjuicios ocasionados por los mecanismos del mercado (devaluación) que ocasionaron la instalación de los seguros de cambio iniciados durante el gobierno del proceso militar y continuados durante el gobierno constitucional, han dado lugar a discrecionales políticas de endeudamiento, dado que, “los deudores no eran los únicos afectados por las devaluaciones que, inicialmente motivaron los seguros de cambio, pero sí fueron los únicos que obtuvieron tutela estatal y el alivio de sus mayores costos”.
A lo largo de esta causa existen testimonios de los peritos designados por el mismo Banco Central conforme a la resolución 340 que señalan que en varios casos se inobservó los requerimientos de control y se verificaron deudas “por órdenes de arriba”, tal el caso de Parque Interama.

11) Breve comentario sobre la Comunicación “A” 251
La circular emitida el 17/11/1982 atendía los contratos de seguros de cambio concertados en virtud de las Comunicaciones “A” 31, “A” 54, “A” 61 y “A” 76. Por la misma se transforma la deuda externa privada en deuda pública, tal como lo expresa el título del punto 1 de la referida circular, atento a un plan e pagos cuya primera amortización vencía el 25/05/86 y la última el 01/04/1988.
La instrumentación de las operaciones a elección del acreedor se realizó mediante la emisión de obligaciones (“Promissory notes”) del gobierno Nacional emitidos en dólares estadounidenses a nombre del acreedor, o mediante Bonos (“Bonod”) del Gobierno Nacional nominativos, emitidos en dólares estadounidenses. La cláusula 1.3 dice textualmente: la aceptación por parte del acreedor externo de los títulos mencionados en el apartado 1.2 (Obligaciones o Bonos), importará su aceptación respecto de la sustitución del deudor y consecuentemente la cancelación y carta de pago por el total de la deuda original. Véase que con esta cláusula se liberaba a los deudores o supuestos deudores de toda otra obligación y permitía liberar ganancias y distribuirlas a favor de los accionistas y con cargo al erario nacional.
En el punto 2 se trata las prórrogas de seguros de cambio hasta el 22/10/1982, por esta normativa se señala como debe aplicarse la compensación en pesos por las prórrogas de las obligaciones refinanciadas y entre ellas se menciona la suscripción del “Bono de Absorción Monetaria”, emitido en pesos, con capital ajustable, intransferible y con pago de servicios de interés semestrales. Otorgando un nuevo beneficio a los deudores o supuestos deudores, con cargo al erario público.
En cuanto a las obligaciones emitidas para la transformación de deuda privada en pública sus principales características fueron: Obligaciones (“promissory notes”) en dólares estadounidenses: nominativos, transferibles solamente en el exterior por cesión entre bancos. Los servicios de amortización e intereses serán atendidos por agentes pagadores en el exterior, los que deberán recibir notificación de los cambios de titularidad. Los bonos en dólares estadounidenses, también eran nominativos, a igual que el anterior a tasa de interés variable. No negociables dentro de la República Argentina y los servicios de amortización e intereses serán atendidos por agentes pagadores en el exterior, los que deberán recibir notificación de los cambios de titularidad.
Como puede verse, en ambos tipos de obligaciones se generaba un negocio entre bancos externos y acreedores o supuestos acreedores externos por las obligaciones emitidas, mientras que las autoridades monetarias y financieras del país renunciaban al registro de la efectiva titularidad de las obligaciones a efectuar, ello llevará con el correr del tiempo, al desconocimiento cabal de lo que se estaba pagando , y fue el argumento utilizado para solicitar a los mismos acreedores que explicitaran los montos de sus acreencias, mediante una auditoría pagada por los mismos acreedores y que motivó una cláusula del Acuerdo Brady que sintéticamente acordaba que en caso de controversia entre el deudor y el acreedor, se tomaría como válida el monto reclamado por el acreedor ( tema ya referenciado por nosotros en informes anteriores).
A consecuencia de estas disposiciones el Banco Central realizará pagos a los acreedores externos en bloques, sin identificar claramente a los deudores (estado nacional, provincial, etc.) ni los conceptos que se estaban cancelando (intereses, cargos punitorios, etc.), generalmente para facilitar renegociaciones de la deuda externa e imputando en los estados contables de la entidad rectora, a modo de contrapartida de la salida de reservas internacionales por el pago al exterior, un activo cuya individualización y consiguiente recuperación se tornaba prácticamente imposible.
Así, sin un verdadero registro de acreedores llevado conforme a ley y delegando la información en los agentes pagadores en el exterior, las autoridades monetarias y financieras del período, deliberadamente renunciaron al efectivo control de las operaciones que comprometieron al patrimonio nacional y que afectaron no solo la calidad, sino la vida misma de los argentinos. Es la continuidad del escandaloso accionar del directorio del B.C.R.A. cuando llamados a declarar en la causa que antecede a la presente (Expte 7723/98) declararon que el B.C.R.A. no llevaba registros contables confiables y solo anotaciones estadísticas en una libreta negra.
Por último mencionaremos que entre los requisitos adicionales los deudores debían presentar una declaración jurada – en la fórmula Nº 3886 provista por el Banco Central – sobre el origen y característica de las operaciones, autorizando a esa institución a verificar las informaciones ante los acreedores del exterior y organismos fiscales competentes de nuestro país. Este será unos de los antecedentes que debieron auditar los funcionarios designados conforme a la Resolución “340” y que como ya hemos mencionado, no abarcó a la totalidad de deudores beneficiados y que, de aquel mínimo sector que fue auditado, se encontraron serias inconsistencias y falsedades en las pretensiones de los beneficiados por este régimen.
Todo lo cual sería cubierto con un manto de impunidad conforme la emisión del informe 480/161 del 4 de diciembre de 1986.-

12) El Informe 480/161
El informe lleva las firmas de Nora Penedo- 2da Jefa de Departamento; Julio González- Jefe de Departamento; Juan Carlos Gómez -Subgerente Departamental y de Carlos Melconian -Jefe de Departamento de Deuda Externa, los suscriptos pertenecían al Grupo de Trabajo 519/86 y elevan su informe a la gerencia de Estudios y Estadísticas del Sector Externo.
En el punto Nº 1 señalan que al momento del informe sólo se habían inspeccionado un monto de 7.2oo millones de dólares, que se habían observado 1.446 millones de dólares y que se habían dispuesto la baja de los registros de deuda, según el listado siguiente:
Río Colorado S.A, Baja 5,8 M u$s Motivo: Fondos no ingresados – pago a una
firma extranjera vinculada
Esso S.A.P.A. Baja 11,6 M u$s Motivo: Fondos no ingresados – dividendos
provisorios anticipados
Cogasco S.A. Baja 918,3 M u$s Motivo: Fondos no ingresados
No reconocimiento de cláusulas
de contratos suscriptos en el exterior
Baratelli S.A. Baja 0.5 M u$s Motivo: respuesta negativa del
Acreedor
La Fenice S.A. Baja 25 M u$s Motivo: Fondos no negociados en el
mercado de cambios
Uvexport S.A Baja 0,6 M u$s Motivo: cancelado a su vencimiento
Florinda S.A Baja 0,7 M u$s Motivo: cancelado a su vencimiento

Obsérvese: que a pesar de dar sido de baja, en algunas oportunidades a pedido del deudor, los casos citados muestran el intento de los supuestos deudores en perjudicar al erario público y sin embargo, no tuvieron mayor sanción que la no registración de sus pretensiones.
El caso Cogasco es emblemático y en otros informes se ha abundado en comentarios, los cuales se omiten en esta oportunidad por cuestiones de no sobreabundar en conceptos ya vertidos. Como puede observarse y teniendo en cuenta lo expresado por nosotros en el informe anterior, a pesar de ser detectadas irregularidades (fondos no ingresados, cláusulas fuera de los usos de mercados, pagos a firmas vinculadas) el criterio utilizado para dar de baja pretendidas acreencias ha sido selectivo, ya que se puede observar que ante la misma causal, por ejemplo, operaciones con empresas vinculadas, (autopréstamos) en algunos casos se procedió a dar de baja en los registros de deuda y en otros se procedió a verificarlos, contrariando las disposiciones generales y en particular la Comunicación A 340. Pareciera que si la empresa involucrada era de significativa importancia en el mercado interno o internacional el criterio utilizado era su aprobación, mientras que en escasísimos casos y en empresas y montos no significativos se procedió conforme a la normativa.

Luego en el punto 2 el informe señala la existencia de discrepancias en los criterios de interpretación entre el cuerpo de auditores designados mediante la Resolución 340/84 y el Departamento de Deuda Externa a cargo de Carlos Melconian. Señala que las discrepancias más significativas eran las siguientes:

a.1) Confusión entre deudor y acreedor: el cuerpo de inspectores, siguiendo el más estricto y saludable criterio contable consideró como irregulares y por lo tanto no sujeto a los beneficios de los seguros de cambio que transfirieron la deuda o supuesta deuda privada en deuda pública, a las siguientes situaciones: a.1.) préstamos celebrados entre empresas locales de capital extranjero y su casa matriz que la controla;

a.2) préstamos entre una firma argentina y su controlada filial en el exterior.

Los firmantes de este informe basados en la opinión de Asesoría Legal consideraron que todo préstamo entre una empresa de capital extranjero y la sociedad del exterior que directa o indirectamente la controla, o, entre la firma argentina y su filial en el exterior, debe reputarse como entre partes independientes cuando las condiciones y prestaciones se ajusten a las prácticas de mercado generalmente aceptadas y para ello citan a los dictámenes 747/85,377/86, 410/86.
El vago e indefinido criterio de prácticas de mercado generalmente aceptadas, contiene la falacia, de quien, cuando y como define las condiciones de mercado, y/o en este caso cuales son las condiciones de mercado en el que se desarrollaba la economía argentina. Habiendo un informe del Banco Mundial, que alertaba sobre los autopréstamos engañosos, y existiendo una larga vocación interpretativa sobre las operaciones entre firmas vinculadas y / o controladas, y el saludable criterio fiscal de capitalización exigua, para analizar e interpretar si las operaciones realizadas entre partes vinculadas esconden mediante la forma de préstamos, lo que en definitiva son capitalizaciones enmascaradas con el fin de evadir o producir elusión de impuestos. Los firmantes y la Asesoría Legal debieron ampararse en la ley y proteger el bien público puesto a su cuidado.

a.3) préstamos garantizados con depósitos a plazo fijo o con Bonex por montos semejantes o iguales al adeudado, por no considerar como una práctica habitual de mercado que las empresas posean fondos depositados en el exterior y tomen préstamos a un costo mayor.
La interpretación que realizan los firmantes en contra de la lógica , la racionalidad y el cuidado patrimonial público hacen ocioso todo otro comentario, dicen los firmantes:”no es de nuestro conocimiento que existan normas que impidan la constitución de garantías sobre préstamos externos en base a activos financieros. Si consideramos que esta modalidad no es práctica de mercado por el hecho de presumir que no conviene financieramente, debemos recordar que algunas de ellas gozan de los beneficios de los seguros de cambio. Por otra parte resultaría racional que el prestamista cubra los riesgos de incobrabilidad, cuando otro tipo de garantías usuales en el mercado local (prendas , hipotecas) no resultan atractivas a acreedores residentes en el exterior”.

Los supuestos deudores tomaban un préstamo del exterior y colocaban montos similares en garantía teniendo un diferencial de tasas que supuestamente perjudicaba patrimonialmente al tomador de fondos, luego la obligación era trasladada al erario público, sin ver afectada su colocación de fondos, supuestamente depositados en garantía, los comentarios huelgan y S.S. sabrá ajustar a derecho estos criterios expuestos por los firmantes.

b) Destino de los fondos: en reiteradas oportunidades el Cuerpo de Inspectores objetó el destino dado a los fondos originados en los préstamos financieros externos. Los firmantes consideran irrelevante toda observación respecto del uso dado a los fondos provenientes de préstamos beneficiados por los regímenes de seguro de cambio y pretenden ampararse en que la información que debía presentar el deudor o presunto deudor revestía carácter estadístico o de cumplimiento inexorable.
Argucias dialécticas para encubrir una estafa.

c) Toma de seguro de cambio: Señalan los responsables de la emisión de este informe, que la objeción en algunos casos en que las operaciones con seguro de cambio han sido tomadas sin cumplir con los requisitos correspondientes y que por ello el deudor inspeccionado “aprovechó las ventajas de los seguros de cambio para licuar su pasivo”; al punto alegan que la inobservancia de las disposiciones emitidas conforme a los sucesivos regímenes de seguro de cambio, no era óbice para declarar la nulidad de su pretensión, y que éstos (los seguros de cambio) habían sido implementados para atenuar los perjuicios que provocaron las sucesivas devaluaciones de la moneda argentina frente a las obligaciones en moneda extranjera, entendiendo con ello, que el beneficio debía extenderse para sin más requisitos que la manifestación del pretendido deudor.
Pretenden eludir la responsabilidad de la inobservancia de las escasas normas dispuestas para otorgar los beneficios de los sucesivos regímenes de seguro de cambio alegando que la finalidad era otorgar beneficios a un selecto grupo de deudores o supuestos deudores, sin discriminar la legitimidad y veracidad de las operaciones, con cargo al erario público.
Por último, proponen lineamientos para la confusión deudor – acreedor (dejando de lado toda vinculación entre las partes y aplicando el criterio de que las operaciones se ajusten a normativa vigente y no se aparten de las prácticas normales de mercado); destino de los fondos (considerando irrelevante el destino) y el concepto de operación normal de mercado ( con una ambigua definición de toda transacción racional que no constituye un evidente perjuicio para la deudora de acuerdo con las modalidades de la plaza financiera imperantes en cada caso), contradiciendo lo expresado por ellos mismos en el tratamiento del punto a.3).-
Este informe fue elevado al Subgerente General recomendando se eleven estas consideraciones para la interpretación de la Resolución 340/84, con fecha 05/12/1986 con la firma de Enrique Bour, Gerente de Estudios y Estadísticas del Sector Externo del B.C.R.A. Y fue la base de la culminación de la labor de auditoría dispuesta por el B.C.R:A. y la absorción por parte del estado de una supuesta deuda por más de u$s 17.206.000.000.- tal como lo ha señalado el Señor Fiscal en sus presentaciones anteriores.

13) Otras consideraciones :

De esta manera comenzó la última instancia del proceso iniciado en 1981 y que culminó con el traspaso de la deuda externa privada al ámbito externo público (u$s 17.206 MD), y que produjo ingentes pérdidas públicas mediante la transferencia desde el B.C.R.A. hacia los sectores más concentrados de la economía, (67.000 millones de dólares según informe anteriormente citado) mientras la Argentina involucionaba y se sometía a la población al flagelo del desempleo, subempleo, pobreza e indigencia:

Indices en % de la Población Económicamente Activa y como % sobre el total Poblacional

AÑO
Desempleo
Subempleo
Pobreza
Indigencia
1980
2,3
4,5
8,3
1,8
1981
6
5,8
s/d
S/d
1982
3,7
5,6
s/d
s/d
1983
3,1
4,9
19,1
5,4
1984
3,6
4,7
14,9
5
1985
4,9
6,6
17,7
3,6
1986
4,5
6,1
12,7
3,5
1987
5,2
7,8
20,6
6,2
1988
5,7
7,4
32,3
10,7
1989
7
8
47,3
16,5

Como puede observarse, el deterioro del sistema económico productivo del país se ve reflejado en una mayor y creciente marginalidad y en la destrucción de los puestos de trabajo, mientras se entregaban los escasos recursos para beneficio de los accionistas de un grupo privilegiado de empresas.

Uno de los mayores índices que refleja las consecuencias de este magno fraude a la Nación, se expresa en la tasa de mortalidad infantil (por cada 1000 nacidos vivos):

Año 1980 33,2
Año 1981 33,6
Año 1983 30,5
Año 1984 30,4
Año 1985 26,2
Año 1986 26,9
Año 1987 26,6

Los índices precedentes no deben leerse como simples números sino como la muestra de una tragedia de un país rico en recursos, secuencialmente saqueado y puesto de rodillas, fundamentalmente a través de su deuda externa, una verdadera y larga lista de titulares de derecho de carne y hueso, en donde el estado, más que un un sujeto pasivo de la lesión, es un árbitro entre el sector dominante beneficiado por este procedimiento y el resto de la sociedad, especialmente los sectores más vulnerables.
Toda esta situación económica y financiera no podía ser desconocida por las autoridades económicas y financieras de la República. Y el Ministro de Economía al regreso de la democracia, Dr. Bernardo Grinspún, lo expresó claramente:”los esfuerzos dirigidos hacia la desaceleración de la inflación resultaron insuficientes. No hubo tampoco el necesario equilibrio en el esfuerzo fiscal y el monetario para contener los gastos, que no fue acompañada desde el B.C.R.A. con restricciones a la expansión de la base monetaria. El aumento de los Adelantos para la Cuenta de Regulación Monetaria registró un 1345,8%, mientras que los adelantos a Tesorería , que en 1983 había sido del 58,7% del total del gasto, se redujeron en 1984 al 28,4%”. Al decir del entonces ministro, se tenía plena conciencia que la licuación de pasivos privados y la absorción de los mismos por parte del Estado Nacional, se canalizaba a través de la política monetaria implementada desde el B.C.R.A., concomitantemente se restringían los recursos al Tesoro, situación que llevaría a un nuevo colapso económico y social.
En otros trabajos hemos presentado a todo el proceso de endeudamiento argentino como un proceso de debelación, es decir, de aniquilamiento del Estado a causa de la conquista, tal la definición del derecho romano, debelación que comenzó el 24 de marzo de 1976 y no cesó el 10 de diciembre de 1983, sino que agravó sus consecuencias debido a la derrota de la Guerra por las Islas Malvinas.
Si los actos dispositivos sobre el patrimonio nacional del gobierno de facto son nulos de nulidad absoluta, tal como venimos sosteniendo en base a los fraudes detectados, en la continuidad de las renegociaciones no es aplicable la teoría de los actos propios, especialmente a un gobierno constitucional que debió resignar el poder con anterioridad al vencimiento de su mandato constitucional debido a la profunda crisis económica, social y política. Las condicionalidades crecientes a los que fue sometido aún a costa de la pérdida de todo poder, lo incluyen sin lugar a dudas en este proceso de debelación, ya que careció de soberanía financiera y los agentes del estado incumplieron una y otra vez, sus deberes de funcionarios públicos, como ha quedado expresado en este y otros informes, al punto de someter a la Nación al designio e intereses de los supuestos acreedores.

En vista a lo aquí expuesto y a las expresiones vertidas por uno de los protagonistas de estos regímenes bajo análisis, el Dr. Domingo Cavallo, que en su obra citada (Economía en tiempo de Crisis) pág. 95 dice: “ quienes ahora me atacan, algunos de los cuales tienen suficiente capacidad profesional como para brindar buen asesoramiento, pensaron que era más importante dedicar sus conocimientos a la estructuración de un influyente grupo de poder económico y político que resolver los problemas del país.
Para acumular ese poder promovieron, o al menos apañaron, decisiones aberrantes…
Tienen terror de que alguien bien informado tenga la valentía de hacer conocer toda la verdad no sólo a la opinión pública sino también a los jueces de la Constitución.
Entendiendo que lo aquí expresado cumple con la el punto 1.a.1) de nuestra designación del 16/12/2009, en cuanto responde a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de la por entonces presunta y a nuestro entender ahora expresa defraudación contra la Administración Pública, en la que han incurrido empresas del sector privado asumidas por el estado nacional, a través del proceso de estatización y demás maniobras defraudatorias que beneficiando a dichas empresas han perjudicado las arcas del Estado.
Como han dicho los Dres. Zaffaroni y Higthon en el caso “Arancibia Clavel” con referencia al instituto de la prescripción han expresado:” el fundamento común del instituto de la prescripción independiente del objeto del objeto que aluda (de la acción o la pena) es la inutilidad de la pena en el caso concreto, en los que el transcurso del tiempo entre el hecho y el juicio, o entre la condena y su ejecución, hace que la persona imputada no sea la misma, como así también que el hecho sometido a la jurisdicción pierda vigencia vivencial, para ser un mero hecho histórico anecdótico”. Los delitos de los que estamos tratando nunca dejan de ser vivenciales para la sociedad, pero fundamentalmente no puede obviarse que estos delitos son practicados por los mismos agentes, hueros de control estatal, por el contrario son perpetrados a través del estado, y uno de los aspectos más sobresalientes es que se organiza la impunidad desde el propio estado en el momento en que se cometen, e incluso de perpetúa en los gobiernos posteriores apelando a anmistía y perdones, directos o indirectos, expresos o encubiertos, contrarios a la normativa de gentes, y finalmente luego de haber impedido que se hicieran los juicios en el tiempo debido, se invocan prescripciones.

Teniendo en cuenta que el presente informe expresa los aspectos financieros, económicos, contables , administrativos y jurídicos/legales conforme a lo estipulado en los puntos B.1 y B.2, y se ha individualizado a los funcionarios nacionales que en su accionar han realizado posibles irregularidades, incumplimientos y anomalías , puntos B.3 y B.4 de nuestra designación; y conforme al punto f de nuestras facultades en cuanto sugerir al tribunal la convocatoria a prestar declaración testimonial a las personas que consideren necesarios para el avance de las investigaciones, compartiendo aquel pensamiento de Aristóteles “que ni la estrella de la tarde ni el lucero del alba son tan maravillosos que el espectáculo de la justicia influyendo irrefragablemente en la marcha progresiva de la historia”. Quiero compartir con Su Señoría esta observación: nuestro pueblo fue privado de sus medios de subsistencia, para beneficios de unos pocos, y ha sido sometido a la servidumbre de la deuda externa y de la usura, como una forma silenciada de explotación del hombre, un verdadero proceder genocida, cuyas consecuencias financieras , económicas , sociales y legales aún perduran en el retardo del derecho a la justicia. Sin la pretensión de justicia, el estado de derecho nunca será posible, ya que viviríamos la paradoja que el estado de derecho solo perseguiría a los más vulnerables y quedarán impunes los más gravosos delitos perpetrados por las elites económicas y financieras que han asolado a nuestro país; por ello, solicito a Su Señoría:

1) Se me tenga por presentado en tiempo y forma
2) Meritúe el tribunal el llamado a prestar declaración testimonial a los responsables del Ministerio de Economía y Directorio del Banco Central de la República Argentina, comprendidos por los períodos junio de 1981 a 1987.
3) Atenta la contradicción entre los entonces funcionarios Dr. Domingo Felipe Cavallo y Lic. Carlos Melconian, se los cite a prestar declaración testimonial
4) Hacer reserva de la posible sanción de nulidad de las operaciones realizadas por el Estado Nacional en referencia a todo el proceso de estatización y de las reparaciones patrimoniales y civiles que pudieran dar lugar por los hechos aquí expuestos.
Proveer de Conformidad
SERA JUSTICIA

Norelys Morales Aguilera.- Un joven músico cubano de 17 años, residente en Burin, un poblado palestino en Cisjordania, fue arrestado a las 2:30 de la madrugada del 18 de abril durante una redada israelí, acusado de delitos contra la seguridad de Israel que tanto el joven como la familia niegan enérgicamente. [1] 

El joven dormía en una casa vecina donde reside un tío de su edad, con quien suele estudiar. El joven fue conducido a la prisión militar de Meggido, y pocos días después la familia supo que se le acusa de tirar piedras contra vehículos israelíes y de pertenecer al Frente Popular. 

Kais Omran Portocarrero nació en El Vedado, La Habana, el 10 de octubre de 1994. Es hijo de Niurka Portocarrero y Belal Mohamad Omran, un palestino que se graduó de Medicina en Cuba. En la isla nació también Nazmieh, de 15 años, la segunda hija del matrimonio.En 1997 la familia se mudó a donde nació el tercer hijo, Mohamad. Los tres menores tienen ciudadanía cubana. 

Portocarrero, de 35 años y nacionalidad cubana también dijo: "No puedo creer que nos esté pasando esto, estamos destrozados. Mis hijos han sido criados a la usanza cubana, y de la casa para adentro. Kais sólo se dedica a la música y a estudiar, no pertenece a ninguna organización porque los menores no son admitidos como miembros de organizaciones políticas aquí". 

"El capitán nos dijo que la detención iba a ser breve, se lo llevaron esposado de brazos, y no nos supo decir por qué", rememoró la mujer, familiar del famoso pintor cubano René Portocarrero (1912-1985). 

"Un vecino, que también es menor de edad, lo señaló entre un grupo de niños que tiraban piedras. No entiendo cómo pueden tenerlo detenido tanto tiempo sólo por lo que otra persona ha dicho contra él", comentó la madre. 

Al ser arrestado, Kais estaba cursando el último año de bachillerato. Amante de la música, en su tiempo libre tocaba en fiestas en el pueblo con un piano que le compró su padre. Ahora Portocarrero teme que el joven pierda el año escolar y una beca que le ha concedido el gobierno cubano para estudiar Medicina en la isla. 

"El duodécimo grado aquí no es como en otros países, mi niño estaba estudiando más de 10 horas diarias, levantándose de madrugada para poderlo sacar, y ahora es muy posible que pierda el año. Es como perder todo el esfuerzo que hizo para llegar hasta aquí", consideró. 

De acuerdo con un reporte de la agencia DPA en abril, en Israel hay actualmente más de 4 mil palestinos encarcelados por delitos relacionados con la seguridad, de ellos 203 menores y 322 en detención administrativa. La última cifra incluye menores de edad, entre quienes se encuentra Kais. 

A menudo, como en el caso del joven cubano-palestino, los menores son arrestados en redadas de madrugada e interrogados sin estar los padres presentes, y pueden ser detenidos durante varios meses por delitos como lanzar piedras contra los israelíes. 

La ley internacional contempla las detenciones administrativas de manera restringida, pero grupos de derechos humanos acusan a Israel de usar esa figura legal indiscriminadamente. 

Contactado por CaféFuerte[ 2], un portavoz del Ejército Israelí comentó que Kais "será juzgado en una corte con un solo juez, y en esos casos enfrenta una condena de hasta 10 años de cárcel".

Durante el juicio, las evidencias de los israelíes contra Kais pueden permanecer selladas y confidenciales a criterio del juez, de acuerdo con la ley militar israelí en Cisjordania. 

[1] http://percy-francisco.blogspot.com/2012/05/nino-cubano-acusado-de-terrorista-en.html 
[2] http://cafefuerte.com/mundo/noticias-del-mundo/asia/1838-madre-cubana-vive-drama-por-arresto-de-su-hijo-en-territorios-palestinos 

Tomado de Islamia
http://islamiacu.blogspot.com/2012/05/arrestado-por-soldados-israelies-joven.html
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Lic. Rosa Cristina Báez Valdés "La Polilla Cubana"
Moderadora Lista Cuba coraje, Coord. Red Social Hermes para Cuba y A. Latina y miembro fundador de la Red de Trincheras Amigas

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